Parece que por fin el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido tomar el toro por los cuernos en las dunas de Baní.
Esa área protegida ha sido depredada por años, sin que se apliquen las medidas requeridas por ley para garantizar su preservación.
En una resolución, el Ministerio indicó que, tras un levantamiento, se detectaron diversas violaciones a la Ley General sobre Medio Ambiente, como la construcción de edificaciones de cemento y el uso del terreno para fines agrícolas, y ordenó el desalojo del área.
El gobierno no tiene que dar espacio a recursos apelativos, si se trata de violaciones concretas a la ley, pero es una buena medida que, también, la resolución otorgue un espacio de defensa a las personas físicas y jurídicas para que presenten sus recursos de apelación.
Esos casos serán perfectos para detectar irregularidades en el otorgamiento de permisos o, mejor aún, confirmar las ilegalidades en aquellas prácticas realizadas sin autorización. No es posible que en un área protegida se construya o se siembre como ocurre actualmente en las dunas de Baní.
Ojalá que esta medida ponga fin a las malas prácticas en ese recurso natural.