En el gobierno hay instrucciones específicas de que nadie debe meter la pata de cara a las elecciones, por lo que los silencios convenientes, ya de por sí una práctica nefasta en esta administración, se han agudizado.
A pesar de todos los millones que se gasta el gobierno en asesores y personal para las oficinas de comunicación o de prensa, lo cierto es que esos recursos son usados para la conveniencia política del partido de gobierno, no para facilitar el flujo de la información al público, del cual somos parte los periodistas. Encontrar un oficial gubernamental que responda cuando detona algún tema caliente se ha convertido en toda una proeza y el acceso a ellos es más complicado que cuestionar al presidente, cuyo ejemplo de apertura deberían imitar.
Esa eficiencia sólo se destaca cuando el tema les conviene, lo cual es un flaco servicio a la democracia. Los gobiernos en los cuales sus funcionarios no están disponibles para responder a los periodistas o que recurren a sus perfiles sociales o notas de prensa para evitar ser cuestionados, lo único que hacen es imitar a las dictaduras.
Lo peor de todo, es que se ha tomado la costumbre de enviar a los periodistas por el proceso de libre acceso a la información, el cual, más que libertad, se ha convertido en censura.
