El presidente Luis Abinader dio el paso correcto al emitir el decreto 2-24, que anula la orden presidencial 270-20, de Danilo Medina, que autorizaba los permisos de operación del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).
El mandatario hizo cumplir con extremo celo las directrices de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la sentencia que declaró la ilegalidad del otorgamiento de permisos de operación al AIB por parte de Medina.
La reacción de Abinader es un espaldarazo incondicional al respeto al estado de derecho en la República Dominicana y un mensaje a todo el país de que los debidos procesos deben ser respetados por todos los ciudadanos.
El largo proceso que ha conllevado la impugnación del decreto 270-20 es un ejemplo de que las instituciones dominicanas están cumpliendo con su labor de analizar los casos de manera independiente y un modelo de lo que debe ser el análisis de los grandes proyectos, independiente de su nivel de inversión.
Esperamos que, al final del camino, este complejo proceso fortalezca las bases del clima de confiabilidad institucional al cual el país aspira.
