Era alrededor de las 14.00 horas del jueves, 9 de noviembre de 2023. Estaba de paseo en los jardines del Palacio de Aranjuez (España) cuando surgió la noticia de que acababan de disparar en Madrid a Alejo Vidal Quadras, pasado presidente del partido Popular en Cataluña, en un atentado ocurrido en la calle Núñez de Balboa del barrio de Salamanca.
Desde muy temprano de ese día los ánimos estaban sobresaltados pues se había conocido la noticia de que el partido Socialista, dirigido por su líder y presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, había llegado a un acuerdo con el líder catalán independentista Charles Puigdemont, que le garantiza la certeza numérica (7 votos más) de ser investido como presidente para un nuevo período de 4 años.
El problema radica, según plantea la oposición y amplios segmentos de la población, incluyendo a miembros del propio partido socialista, en que esa investidura no sería fruto de la expresión de la voluntad popular sino de concesiones espurias otorgadas en favor de los grupos independentistas que sueñan con desgajar a España.
En otras palabras, constituye una compra de escaños con recursos del pueblo español a cambio de deteriorar la institucionalidad, la cohesión nacional y la unidad de España.
Entre las concesiones a ser otorgadas a las organizaciones políticas catalanas (JUNTS y ERC) a cambio de su voto para investir como presidente a Pedro Sánchez, se encuentran la aprobación de una ley de amnistía en favor de los condenados e implicados en el proceso de intentar instaurar en 2017 la independencia en Cataluña; la aceptación de que el Estado español judicializó el proceso (no hubo delito sino ofensa del Estado); la cesión a Cataluña del manejo del 100 % de los tributos (desigualdad fiscal); la condonación del 20 % de la deuda con el Estado; el traspaso de la gestión de los trenes de cercanías.
Aparte de eso, con Puigdemont se acordó introducir la figura de un relator internacional que medie entre el Estado y JUNTS. Y todo esto sin que los beneficiados renuncien a volver a repetir en el futuro la actuación por la cual fueron juzgados o están prófugos (unilateralidad).
Por otro lado, con el PNV vasco se acordó la cesión de la gestión económica del régimen de seguridad social aunque el déficit seguirá perteneciendo al Estado (implica la ruptura del ejercicio de solidaridad social); el reconocimiento de Euskadi como nación; el fortalecimiento de las competencias de la policía vasca y la dilución de la del Estado.
Ese mismo día 9 de noviembre, preocupado por el cariz de los acontecimientos, el expresidente socialista Felipe González declaró: “Yo, de verdad les digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. La salida es ir a nuevas elecciones”. (Se avergüenza de que la ley la elaboren aquellos que se van a beneficiar de ella). Y agregó: “Creará un agujero de impunidad imposible de parar”.
En tanto que Emiliano García Page, socialista y presidente de Castilla-La Mancha, dijo: “Lo peor que nos puede pasar es que el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien tiene ya una decisión previamente tomada, que es la de acabar con la Constitución y la unidad de España. No lo vamos a aceptar”.
De forma parecida el señor García Lamban, secretario general del PSOE en Aragón, y hasta hace poco presidente de esa comunidad, expresó que “el pacto con Junts socava la autoridad política y moral del Estado y da alas al independentismo”.
De su lado, las asociaciones de jueces, fiscales y abogados se pronunciaron enérgicamente por lo que consideran un intento de controlar el proceso judicial desde el ámbito político. Y sobre todo por la insinuación de que ha habido persecución judicial en vez de delitos cometidos por políticos. Otras asociaciones de diversa índole se han manifestado en términos parecidos.
Es evidente que estos acontecimientos están causando fracturas profundas en el sistema político y social español.
En la calle la atmósfera va calentándose con manifestaciones y protestas que auguran un período de enfrentamientos y tensión. De hecho, este domingo 12 de noviembre las plazas de las principales capitales de España se llenaron de cientos de miles de manifestantes en protesta por estos pactos.
Da pena hasta pensarlo. España parece encaminarse a reeditar la etapa de convulsiones políticas que culminó con la guerra civil de 1936 y la instauración de una dictadura de casi 40 años, a no ser que se allane el camino de la convivencia. Y eso implica elevación de miras, subordinar los intereses particulares en función del bien común.
Emiliano García Page, socialista y presidente de Castilla-La Mancha, dijo: “ lo peor que nos puede pasar es que el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a quien tiene ya una decisión previamente tomada, que es la de acabar con la Constitución y la unidad de España. No lo vamos a aceptar”.
