Vivimos en democracia y eso, al parecer, se les olvida a algunos dominicanos que no vacilan en acudir a la vía de los hechos para hacer valer derechos, pretendidos o ciertos.
Esos movimientos, otrora reivindicativos, se han convertido en un pasatiempo nacional sin importar los daños que provocan. La Asociación Dominicana de Profesores, en sus diferentes versiones regionales, deja a miles de alumnos sin clases por cualquier quítame esta paja. Igual camino sigue el Colegio Médico Dominicano y cuchimil siglas que se arrogan representación social que en modo alguno tienen.
Los cierres de negocios y paralización de actividades distan mucho de decisiones espontáneas. Son la consecuencia del chantaje al que las organizaciones de esos alegados movimientos sociales someten a la ciudadanía. Si no cierran los comercios, las amenazas devienen en pedreas, roturas de vitrinas y violencia.
Solo basta estudiar el pliego de condiciones que los revoltosos —caso actual de los huelguistas del Cibao— exhiben. Ninguna demanda responde al verdadero sentir de las comunidades y son tan vagas como para imposibilitar satisfacerlas. Eso es lo de menos: lo que buscan es incordiar, agitar y sembrar intranquilidad en la búsqueda de ganancias políticas muy pero muy sospechosas. Y si el ejercicio obligado de la autoridad provoca víctimas, entonces razones adicionales para más desórdenes.
