La oposición política de la RepúblicaDominicana se queja de la Junta Central Electoral porque entiende que las limitaciones que intenta imponer (pero que están en la Ley de Partidos) con relación a la precampaña son el resultado de presiones desde el oficialismo, como han dicho tanto el Partido de la Liberación Dominicana, como la Fuerza del Pueblo.
Ayer, la Junta contraatacó (aparentemente) al indicar lo siguiente en la resolución 38-2023: “En los actos públicos u oficiales que realizan los instituciones públicos del Estado y sus funcionarios, no se permitirá que los mismos sirvan de tribuno o escenario paro promocionar aspiraciones a lo interno de las organizaciones políticos”, entre otros muchos párrafos que parecen destinados a ponerle frenos a los oficialistas.
Llama la atención cuando se especifica que los funcionarios públicos que administran recursos económicos del Estado deberán abstenerse de utilizar los mismos para provecho político propio o en beneficio de terceros personas, so pena de sometimiento ante el Ministerio Público y la posibilidad de enfrentar condenas de 1 a 3 años.
¿Podrá cumplir la Junta?