Otra vez la Cámara de Cuentas es vox populi. Nada diferente a lo pasado ni a lo que vendrá. Solo que ahora los políticos se ponen de acuerdo para reprochar el desempeño de una institución que es hechura de sus propios arreglos. No les luce censurar los conflictos que hoy paralizan al órgano de control externo del Estado, cuando la mayor parte resultan de los intereses políticos acreditados.
El problema de la Cámara de Cuentas es que la mayoría de sus miembros no ha tenido un criterio de valor propio. Responden a sus mentores, mandos que pautan sus votos en las deliberaciones. La base de los conflictos no reside en sus integrantes, sino en los intereses que los controlan. Esas coacciones gravitan ominosamente sobre el pleno, frustrando así su libre ejercicio.
Qué pena que mujeres y hombres profesionalmente consumados no tengan la entereza para romper sus ataduras de “lealtad” a esos centros de poder. Pero quizás es mucho pedirle a gente a las que en buena medida las hace el cargo. La autonomía del órgano comienza cuando sus miembros ejercen la honorable virtud de la “ingratitud” con sus tutores, sean políticos o la eufemística sociedad civil. Esa digna autoestima no siempre se halla, aunque es tiempo de merecer algunas excepciones.
El asunto lo expresa una palabra que, aunque agotada por el uso, sigue siendo pertinente: la independencia. Pero no aquella virtud que se le suele reconocer al apartidismo abstracto o a gente avalada por organizaciones no partidarias. La independencia real trasciende tales apariencias. Es una condición inherentemente humana que comienza y termina por el respeto a la propia persona. El independiente hace al cargo, y no al revés; tampoco le adeuda acatamiento ni encargos a sus “padrinos” y solo tiene oído para los designios de su conciencia.
Otro problema de fondo de la Cámara de Cuentas es que nunca ha estado a la altura de la fiscalización que precisa un Estado moderno. La norma es que esté regida por procedimientos anacrónicos con escasos controles de calidad y gente nombrada por colocación política. Es que la Cámara de Cuentas nunca ha sido estimada como lo que es: un órgano independiente.
El tamaño del Estado y la complejidad de la administración reclaman otra estructura funcional, con avanzadas bases tecnológicas, rigurosos controles de rendimiento y gestionada por un plantel calificado y bien remunerado de técnicos. La Cámara de Cuentas está formada por un personal agotado en procedimientos rutinarios impuestos más por la tradición que por el buen desempeño. Una burocracia mimética, rancia y regida por la creencia implícita de que las cosas se hacen de esa manera porque así ha sido siempre.
La relegación de este órgano ha sido casi deliberada, ya que a ninguna administración le ha interesado mejorar los procesos de auditorías de las cuentas públicas. Alguien dijo una vez “que fortalecer la Cámara de Cuentas es afilar cuchillo para el suicidio”. Es que una institución fuerte sería una amenaza para cualquier gestión no comprometida con la rendición de cuentas.
Sucede que las actuaciones de los funcionarios públicos están protegidas por la presunción de legalidad. En términos simples, se presume que actúan siempre dentro de la ley. La única forma de “destruir” esa presunción es cuando a través de una auditoria, estudio o investigación especial de la Cámara de Cuentas se determine lo contrario. Sobre esta base la Cámara de Cuentas no solo es la única con competencia para realizar auditorías vinculantes en contra de un funcionario (además de las auditorías forenses del INACIF), sino que de sus resultados se pueden establecer responsabilidades de carácter administrativo o civil e inferir evidencias indiciarias en materia de responsabilidad penal con capacidad para destruir la presunción de legalidad de los administradores públicos.
Ese poder de fiscalización e independencia operativa ha sido castrado por los partidos políticos nombrando a gente controlable que, en vez de hacer, omitan; en vez de examinar, maquillen; que maticen y minimicen las funciones e informes del órgano.
Esta Cámara de Cuentas no ha podido acometer la reestructuración que hace tiempo precisa, porque, aparte de las presiones externas, ha encontrado duras resistencias interiores al amparo de aplicaciones arbitrarias de principios como la continuidad del Estado y los nombramientos de carrera. Así, desvincular a un personal de pesada carga por otro competente ha sido una intención malograda a pesar de la institución tener en banco 700 millones de pesos destinados para la nueva contratación e implementar una Dirección de Monitoreo Efectivo y Preventivo que fiscalice en tiempo real y con inteligencia artificial la ejecución del prepuesto nacional. Y es que, cuando se tiene en un mismo órgano visiones encontradas (técnica y política), la conflictividad será una realidad de convivencia forzosa.
Los informes rendidos históricamente por la Cámara de Cuentas son las auditorias financieras, que son las menos complejas. Las auditorias de gestión y las investigaciones especiales (auditorias forenses) no constituyen prácticas consuetudinarias en los trabajos del órgano de control externo del Estado, porque con ellas se comprueban gestiones irregulares o fraudulentas, investigaciones que por la intencional dejadez de la fiscalización estatal no han merecido mayores encargos. Esos procedimientos de escasa ejecución se han hecho en esta Cámara de Cuentas, órgano que, a pesar de sus conflictos, ha entregado varias auditorias forenses para sustentar importantes acusaciones en materia de corrupción. No obstante, creo que hasta que la Cámara de Cuentas no mejore los estándares para este tipo de verificaciones es recomendable delegarlas a firmas independientes, de manera que el trabajo del Ministerio Público no se vea debilitado por procedimientos defectuosos. Es la propia Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas la que permite tal contratación.
Es cierto que en los miembros actuales de la Cámara de Cuentas ha faltado sentido corporativo, espíritu de colaboración y deposición de autosuficiencias, pero creo que cualquier otra composición de ese órgano enfrentará parecidos riesgos institucionales en una entidad que tiene mucho por hacer y poca voluntad para cambiar. Se trata de una verdadera determinación de Estado. Mientras, parece que tendremos que convivir con esas tensiones.
