No hay un servicio de salud en el mundo, ni siquiera aquellos tutelados por el Estado, que satisfaga a los usuarios. La República Dominicana no es la excepción. Tampoco lo son el Sistema Nacional de Salud español (SNS), el National Health Service (NHS) británico, Medicare canadiense, el Gesetzliche Krakenversicherung (GKV) alemán o el Sistema Único de Saúde (SUS) brasileño.
Todos coexisten con atenciones privadas en una mezcla de ofertas mediadas por el poder adquisitivo del demandante. Si bien la seguridad pública carece de la eficiencia de la libre empresa, hay que reconocerle al Gobierno el esfuerzo para que el ciudadano de a pie tenga acceso a un derecho: la salud. En ese capítulo, no figuramos en las excepciones.
Muchas son las necesidades y pocos los recursos, punto básico que no aparece en las quejas, algunas válidas, de la Conferencia del Episcopado Dominicana. Hay un renglón cuyo cumplimiento requiere presteza: la protección frente a los arrebatos abusivos en la salud privada, entiéndase las prácticas aberrantes de los copagos, las exigencias monetarias en efectivo, la broma impositiva y otras modalidades denunciadas a diario.
El Gobierno, que accedió con facilidad vergonzosa a las presiones intimatorias del Colegio Dominicano de Médicos, debería velar con más ahínco por el respeto a los pacientes privados y librarlos de las engañifas, tretas y ardides con que les castigan a diario. Como señalaron los obispos, hay que afrontar “las dificultades de los usuarios con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) del sector público y privado”.
No se requiere más inversiones sino voluntad política y empeño verdadero en posibilitar un acceso más expedito y menos costoso a los servicios de salud.