Juzgar por las conveniencias es fácil. Solo se precisa de una dosis de prejuicio y cierta información relevante. Lo demás lo pone la intención de enaltecer o denigrar. Las figuras públicas suelen ser víctimas de ese frívolo ejercicio. Eso ha pasado con Yeni Berenice Reynoso –en lo que sigue, Yeni– una mujer que desata pasiones.
En la Procuraduría de Miriam Germán Brito al equipo de Yeni le correspondió dirigir la acción pública en complejos casos de corrupción de Estado. Por más que se quiso denostar, la mayoría de los dominicanos valoramos –incluso por medición de encuestas– un esfuerzo que abrió un nuevo orden en la persecución judicial de “alta gama”, y eso, en sectores afectados, sigue siendo inexcusable.
Cuando la magistrada Germán anunció su intención de no seguir en el cargo, muchos pensamos que la candidata natural a sucederle era Yeni. El peso del mérito y una honorable historia de servicio la imponían. Fue entonces cuando, en interés de obstruir ese designio, ciertas voces empezaron a anularla con un bombardeo de tóxicas sutilezas.
Algunos insinuaron su falta de templanza; otros aludían a su aparente desconexión con los despachos ajenos al litigio. La idea era presentarla como una persona “no confiable” por su intemperancia. Hubo hasta insidiosas acusaciones de su vieja gratitud a Leonel Fernández o su aparente sujeción a una presunta agenda de persecución selectiva a exfuncionarios del PLD.
Los que la conocemos un poco más tenemos una idea cercana de ella y lo mejor que podemos hacer es congratularnos por su escogencia como Procuradora General por el Consejo Nacional de la Magistratura, que, además de unánime, fue inequívoca.
Es cierto, Yeni no disimula sus desafectos; es directa y espontánea, tanto que en ocasiones se le suelta sin rubor la “i cibaeña”, pero no toma una decisión emocional en perjuicio de nadie. Tampoco es una mujer impetuosa, díscola ni siniestra; al contrario, su experiencia en las estrategias litigiosas la ha llevado a anticipar serenamente las consecuencias de su accionar. Que en ocasiones sea ceñuda, sí, pero eso no significa que sea arbitraria. Pone cara fuerte, aunque se desgarre por dentro. Eso es máscara del oficio.
Por petición del presidente de la República tuve la oportunidad de participar –pro bono– junto a Yeni en la coordinación de un equipo para producir cuatro importantes anteproyectos de leyes, sometidos, algunos de ellos, al trámite legislativo: sobre violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria pública y privada; sobre la modificación del artículo 234 del Código Procesal Penal; sobre el delito de secuestro; y sobre la persecución y judicialización de las organizaciones criminales.
Esa experiencia me reveló una dimensión escasamente conocida de Yeni: su profundo dominio del sistema penal dominicano y las corrientes regulatorias globales sobre la criminalidad organizada. Escuchar sus ideas, en un clima de rigor académico, me hizo tempranamente sospecharla como una estupenda procuradora, más cuando abordábamos temas duros de política criminal. Soy muy cauto al calificar competencias y puedo decir que Yeni detenta una de las visiones más realistas/pragmáticas sobre lo que precisan el sistema penal y el Ministerio Público para operar racional y eficientemente.
El equipo de Yeni y de Camacho hizo un trabajo épico con todas las operaciones de investigación y persecución emprendidas. Enterarse de las carencias materiales y logísticas con que se armaron cada una de ellas es para espantos. Pero esos vacíos fueron en parte suplidos por la voluntad metálica de jóvenes investigadores, que se impuso a las negaciones presupuestarias, a la falta de colaboración de funcionarios de la presente administración, a la infiltración y subversión de los propios procesados y a las amenazas veladas. Horas robadas a la noche, al sueño y a la familia para sustentar una acusación meritoria. Acciones judiciales que prescribieron sin poder ser perseguidas, por culpa de una Cámara de Cuentas que por sus azarosos conflictos internos/políticos no pudo –o no quiso– realizar auditorías forenses claves. Todo en un ambiente dominado por la precariedad en equipos, tecnología, laboratorios, medios y personal de investigación forense. No pocas veces al visitar esos despachos sentía un frío claustrofóbico al ver las pilas desordenadas de cajas y papeles y el receloso secretismo que se murmuraba en su interior. Un ambiente estrecho, pesado y cerrado.
Al Ministerio Público le falta más que una buena gestora; por lo pronto, ya la tiene. El mejor respaldo del Gobierno a su profesionalización tiene un nombre: ¡dinero! Una independencia sin autonomía presupuestaria real es puro eufemismo; sin recursos suficientes, una quimera. La reforma debe partir de esa premisa.
El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria otorgada por la Constitución y por la Ley núm. 46-97 del 18 de febrero de 1997, modificada por la Ley núm. 194-04 del 28 de julio de 2004. El presupuesto del Poder Judicial con el Ministerio Público es de por lo menos un 4.10 % de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuye así: un 65 % del 4.10 % a la Suprema Corte de Justicia y un 35 % al Ministerio Público. ¿Qué ha pasado en la realidad? Que pocas veces el Poder Judicial ha recibido ese porcentaje. ¿El problema es legal? No; operativo. Cumpliendo con la ley, el presidente Abinader y el Congreso fortifican la institucionalidad y proveen de más recursos al Ministerio Público.La independencia no solo es evitar injerencia de funciones, también es proveer los medios para que ella se materialice. Más dinero, menos retórica.
Al Ministerio Público le falta más que una buena gestora; por lo pronto, ya la tiene. El mejor respaldo del Gobierno a su profesionalización tiene un nombre: ¡dinero! Una independencia sin autonomía presupuestaria real es puro eufemismo; sin recursos suficientes, una quimera.