De buenas a primeras, un juez de la Suprema Corte de Justicia decide enviar a juicio de fondo un caso de una acusación de la que excluyó al acusador.
Una fundación que se dedica a pescar demandas frívolas solicitaba RD$200 millones de indemnización civil al defensor del pueblo, Pablo Ulloa. ¿La acusación? Supuestamente en una entrevista televisiva, Ulloa llevaba una camisa con una bandera dominicana bordada en una manga, pero sin el escudo nacional.
Ulloa, en su rol de defensor de los derechos ciudadanos, ha cuestionado consistentemente el sistema judicial dominicano, principalmente el hecho de que el 60 % de los internos de los centros de reclusión del país tienen la categoría de preventivos.
La tentación está, pero sería irresponsable decir que esos pronunciamientos han caído mal y llegó el momento de pasar factura.
A pesar de que la mora judicial afecta gravemente a jurisdicciones críticas, como la penal, donde el 44 % de los tribunales presentan atrasos, según dijo en enero el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina, un caso con poco peso o sentido encuentra una celeridad incomprensible y una lógica mucho menos sensata.
