La República Dominicana ha sostenido un crecimiento consistente en los últimos tiempos, consolidándose como una de las principales economías de la región. El año pasado, se registró un incremento del 5% en el PIB, y la inflación del 3.5% no solo se alineó con las expectativas de las autoridades, sino que también fue una de las más bajas del continente.
Los pronósticos para 2025 se mantienen positivos, lo que indica que las medidas adoptadas han sido eficientes y han generado resultados. Sin embargo, este crecimiento económico entra en contradicción con las ayudas que el Gobierno ofrece a los ciudadanos. Un informe del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) revela que 5.5 millones de dominicanos, equivalentes al 51% de la población, reciben algún tipo de asistencia gubernamental a través de bonos.
En 2019, esa cifra rondaba los 3.8 millones de dominicanos, lo que representa un incremento del 45%. Este dato evidencia que el crecimiento económico registrado en el último lustro no se ha traducido en una mejor calidad de vida para la población. La mejora de la economía y la palpable estabilidad macroeconómica del país deberían reflejarse en una menor dependencia de los ciudadanos de la asistencia social. Sin embargo, los números indican que esto no está sucediendo.