El presidente Luis Abinader ha manifestado que los recursos del Estado no deben emplearse para beneficiar a medios que utilizan la difamación y la injuria como estrategia operativa, afectando la democracia dominicana. Aunque reconoció que su gobierno aún no cuenta con una política definida al respecto, el mandatario consideró que la propagación de noticias falsas representa un problema serio para el país que debe ser vigilado. Como ejemplo, mencionó la campaña difamatoria contra un grupo de periodistas, acusados falsamente de estar vinculados con la agencia Usaid.
Es indiscutible que la libertad de expresión y de prensa son derechos que deben ser protegidos con esmero, y abogamos por su defensa. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre estas libertades, conquistadas con luchas honorables, y el supuesto derecho a denigrar que algunos creen poseer.
Los fondos de los contribuyentes no deben destinarse a financiar plataformas digitales ni medios electrónicos que reiteradamente contravienen los principios de decencia. Es imperativo que se establezcan políticas claras para regular la asignación de recursos estatales a los medios de comunicación, asegurando que estos promuevan un periodismo responsable y veraz, y no información falsa que socava la confianza pública y la estabilidad democrática.