Los médicos del sector privado consideran insuficientes los pagos que reciben de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) por sus servicios y, para “compensar”, recurren a los copagos de los pacientes.
La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) sostiene que esta práctica viola la ley, ya que implica cobros adicionales no autorizados.
Los facultativos argumentan que las tarifas utilizadas por las ARS para remunerarlos debieron actualizarse hace tiempo. Sin embargo, en lugar de canalizar su demanda a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), como corresponde, muchos optan por una solución rápida, aunque legalmente cuestionable.
Tienen razón en exigir mejores condiciones y tarifas justas, pero al mismo tiempo no quieren arriesgar los códigos de las ARS, que critican por un lado, pero mantienen por otro, ya que perderlos reduciría la afluencia a sus consultorios.
El sistema necesita una revisión urgente. Tener acceso rápido a un especialista, sin listas de espera de semanas o meses como ocurre en otros países, es una ventaja invaluable. Sin embargo, el descontrol actual tampoco es sostenible.