Desalojos en Cotuí

La provincia Sánchez Ramírez es bella como un poema y rica como un Potosí. Pero, como bien decía Ciro, el mundo es ancho y ajeno. Cuando en 1952 se anunció la creación de la Provincia la población se regocijó. Pensaba que, con un gobernador, una fortaleza con su comandante y varios legisladores, las soluciones a sus problemas llegarían rápidamente. Sin embargo, lo que rápidamente llegó fue ‘’las seis cuerdas’’ de Trujillo. Apoyados por la guardia y a nombre del jefe, comenzaron a cercar grandes áreas. El jefe pagó las tierras a los precios “que entendía justos”. Y las familias que quedaron dentro de las alambradas fueron ‘’invitadas’’ a salir. No hubo protesta. Solo rabia y silencio.

Cuando en la década de los 70 se anunció la explotación de la mina de Pueblo Viejo, la población nuevamente se regocijó. La explotación de oro y plata siempre genera esperanzas. La empresa, Rosario Rezources, ofreció comprar las tierras a los precios ‘’que entendía justos”. Pero esta vez, los afectados ni aceptaron los precios ni la invitación a abandonar sus tierras. Entonces enviaron guardias para forzar el desalojo. Hubo presos, heridos y muertos.

Cuando se anunció la construcción de la Presa de Hatillo, otra vez la población se regocijó. Pues le insinuaron que con la presa llegaría el acueducto provincial. Como el lago de la presa demanda grandes áreas, las autoridades ofrecieron comprar las tierras a los precios ‘’que entendían justos”. Pero la gente ni acepto los precios ni la invitación de abandonar sus tierras. Entonces volvieron a enviar la guardia para forzar el desalojo. Al conflicto de la presa se adicionó al conflicto que venía de Pueblo Viejo. Hubo más presos, heridos y muertos

En solo tres décadas la Provincia Sánchez Ramírez sufrió tres desalojos que arrasaron comunidades enteras. Realizados a nombre del progreso, el entusiasmo con que se ejecutaron esos desalojos contrasta con la displicencia con que los beneficios de ese progreso han sido distribuidos. 

Por ejemplo, después de algunos años de protesta, el gobierno decidió entregar a la provincia “el 5 % de los beneficios”. Aunque pocos saben cómo se calcula ese 5 %, para administrar esa transferencia se creó un patronato. Las partidas anuales son pequeñas, pero las mismas permiten desviar las presiones que generan las solicitudes de obras que las comunidades dirigen al gobierno.

Otro ejemplo, con parte de ese 5 %, en 1982 el Patronato tuvo la osadía de crear la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, la cual ya ha formado más de 25 mil profesionales. La constitución establece que los recursos destinados al financiamiento de las instituciones públicas de educación superior serán distribuidos de conformidad con la oferta educativa de las regiones. Pero aun cuando UTECO es una institución pública regional y con ley propia, la Provincia está tan lejos de la capital que a su universidad no llegan los beneficios de aquel mandato.

En tercer ejemplo, el gobierno ha construido presas para alimentar acueductos regionales o provinciales. Pero en 40 años no ha podido construir los acueductos para una provincia que ya posee la presa con el lago de agua dulce más grande del Caribe.

Pero más que la injusta distribución de los beneficios preocupa el manejo de los problemas ambientales. Porque con los elementos tóxicos que confluyen en la explotación de Pueblo Viejo, los retos son enormes. Sin embargo, durante la explotación de los óxidos, las empresas y las autoridades fiscalizadoras aseguraban que las operaciones estaban acompañadas de rigurosos programas de remediación que dejarían la zona ambientalmente saneada. Años después de completar comenzaron a aparecer pasivos ambientales que por su magnitud y ubicación tenían el potencial para convertirse en verdaderas bombas ecológicas. Tanto la Rosario Dominicana como las autoridades fiscalizadoras conocían esos pasivos. Pero no procuraron remediarlos a tiempo. Ni advirtieron de su existencia a la población.

Afortunadamente, todavía quedaba suficiente reserva para mantener el interés en Pueblo Viejo. Por esa razón, Barrick Gold está presente. Tanto la Barrick como las autoridades que fiscalizan sus operaciones aseguran que los pasivos ambientales encontrados están siendo adecuadamente remediados. También aseguran que esta vez la explotación se realiza bajo los principios de minería responsable. Lo cual quiere decir que se están aplicando prácticas y estándares sostenibles para minimizar los impactos ambientales, y que partes importantes de los beneficios de la explotación están siendo destinados a desarrollar las capacidades de las comunidades mineras.

El problema es que, toma mucho tiempo curar las heridas que dejaron los tres desalojos anteriores. Y tras décadas de afirmaciones falsas, promesas incumplidas y uso arbitrario de la fuerza las comunidades se han vuelto descreídas. Corresponde pues a la empresa y a las autoridades demostrar, con acciones concretas, que en Pueblo Viejo la minería responsable es más que un cuento de camino. Desgraciadamente, la vuelta al desalojo de comunidades a punta de fusil demuestra lo contrario.