Hace seis días, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que había desmantelado una red delictiva, que incluía coroneles de la Policía Nacional, por dedicarse a vender municiones de la institución a particulares.
Ha pasado casi una semana y todavía no se han dado a conocer los imputados de un preocupante caso que puede tener múltiples implicaciones en la sociedad.
En medio de una complicada reforma, lo peor de la Policía Nacional sigue haciendo resistencia a los cambios que se tratan de introducir desde el Poder Ejecutivo.
Pero esos cambios también deben implicar transparencia al momento de tomar medidas como las anunciadas por Raful, entendiendo las implicaciones que traen.
Ayer, la uniformada anunció la destitución del intendente de armas de la institución, Narciso Féliz Romero, y en su lugar fue designado el también coronel Francisco Adolfo Francisco Pimentel.
Sin embargo, el director de la Policía, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dijo que se trataba de algo “rutinario”.
¿Rutinario, comandante, en medio de una investigación como la actual? Por favor, vamos a respetarnos.