La modificación de la cesantía laboral debiera acompañarse de un sistema multipilar paralelo con el fin de lograr tasas de reemplazo acorde con las normativas internacionales.
Hace algunas semanas los empresarios propugnaban por la conversión de la cesantía en un seguro de desempleo. Esto equivaldría a convertir una prestación social en un esquema mercantil, creando una compleja estructura administrativa a nivel nacional y sujetando los trabajadores cesantes a una burocracia privada para reclamar el “seguro” de desempleo, proceso que en el interior del país podría tardar meses en lugar de días. Hasta ahora, esta iniciativa había quedado descartada, acorde con nuestras recomendaciones en el artículo publicado el pasado 16 de mayo en este prestigioso diario.
Ahora propugnan poner un tope a la acumulación de derechos a la cesantía, pero manteniendo las escalas vigentes según tiempo de servicio. Esto conduciría a una reducción marginal de los costes sociales de las empresas, pero, visto la insuficiencia de las provisiones, podría aumentar el costo fiscal de las finanzas públicas al incrementar la demanda de pensiones sociales de reparto y de pensiones ex-gratia, que han impactado negativamente los presupuestos públicos.
El problema de la cesantía es bastante complejo. Los beneficios por terminación a edades jóvenes, que constituyen más del 90% de las reclamaciones, pero de monto unitario reducido, se dedican íntegramente al consumo. Pero a edades cercanas al retiro, en caso de una carrera laboral continua, los pagos por cesantía impactan fuertemente los costos empresariales, prestaciones que en gran parte también se destinan al consumo en vez de mejorar las pensiones de las AFP, afectadas estas últimas por tasas actuariales de financiamiento insuficientes.
Lo que procede es instaurar un sistema de pensiones multi-pilar, modelo aplicado en su totalidad en los países de Europa Occidental y América del Norte, estableciendo un plan paralelo de pensiones de reparto, financiado en parte con una proporción de la cesantía por terminación de los trabajadores a partir de los 45 años de edad, como complemento de las exiguas pensiones de capitalización individual que se concedan a través de las AFP. Según habíamos planteado anteriormente, el IDOPPRIL se convertiría en el Fondo de Pensiones Sociales, con financiamiento múltiple incluyendo una proporción de la cesantía, más el patrimonio del INAVI (institución a eliminarse), más aportes de los trabajadores (solo destinan el 2.8 % de sus salarios a las cuentas individuales), y el Fondo de Solidaridad Social de la Ley 87-01.
Diseñamos y sometimos propuestas técnicas al Poder Ejecutivo hace dos años, que lucen haberse evaporado en algún despacho gubernamental. En cuanto a las AFP, continuarían operando bajo el modelo vigente, excepto tal vez por establecer límite al tope de comisiones, que, según datos auditados al cierre del año pasado, exceden el 300 % anual sobre el capital semilla de las AFP.
En caso de que los empresarios logren reducir la cesantía, aumentando la carga de gastos sociales del Gobierno, este último tendría que compensar el costo marginal adicional mediante impuestos, parte de los cuales tendrían que ser cubiertos por las mismas empresas, eliminando los posibles ahorros empresariales al poner límite a la cesantía. Solo basta recordar que el Estado no genera riquezas, solo percibe ingresos mediante impuestos.
