Hace casi un siglo, un joven de veintiséis años se planteó una pregunta: ¿cómo determinar el tamaño óptimo de una organización? La brillantez de su respuesta inició una secuencia de genialidades por las que Ronald Coase recibiría un Premio Nóbel en 1991. Su argumento sugiere que toda entidad enfrenta un punto donde los costos de una estructura muy grande se vuelven mayores que los costos de coordinar con otras entidades. En ese punto, se habrá alcanzado el tamaño óptimo y sería socialmente preferible separarse en dos entidades.
La intuición resulta relevante para discutir las reformas a la estructura del gobierno. La fusión del ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el de Hacienda es claramente oportuna. La actual separación entre la gestión de ingresos y gastos, por un lado, y la política económica, por otro, es una debilidad obvia. La presente propuesta es una oportunidad para mejorar la coordinación y la eficiencia en la gestión, y optimizar el funcionamiento de las áreas de apoyo. No es por casualidad que la aceptación ha sido casi unánime. Por supuesto, esto no está libre de riesgos, entre los cuales se destaca la pérdida de enfoque en algunos objetivos. La perspectiva de desarrollo, la dimensión territorial de las políticas, la capacidad recaudatoria, la calidad de la inversión y la sostenibilidad fiscal son metas igualmente deseables, y ninguna debería ser soslayada en una nueva estructura. En conjunto, la magnitud del premio justifica correr el riesgo.
La fusión de los ministerios educativos es una historia distinta, pues implicaría desandar un camino recorrido en veintitrés años. La creación del MESCYT, en 2001, respondió a la necesidad de que el país concentrara esfuerzos en la creación de capacidades científicas, generación de conocimiento y vinculación de las universidades con el sistema productivo. Esto demandaba superar la orientación “docentista”, para establecer un sistema donde el gobierno, las empresas y las universidades desarrollaran una agenda conjunta.
Los resultados no siempre han estado a la altura de las expectativas. La vinculación con los sectores productivos ha sido difícil y, a pesar de muchos avances, las universidades tienen una deuda pendiente en términos de innovaciones, producción científica y aportes sociales, y nadie se siente satisfecho con lo logrado hasta el momento. La propuesta del gobierno puede verse como una invitación para explorar terrenos nuevos.
Sin embargo, me atrevo a apostar a que ninguno de los problemas se aliviará con la fusión propuesta, sino que vendrán más problemas generados por la reincorporación a la gigantesca estructura de gestión preuniversitaria. Un resultado probable es que el énfasis en la agenda de investigación sea cada vez más difuso y las universidades pasen a ser vistas como equivalentes a escuelas secundarias, ignorando así las diferencias cualitativas que deben preservarse entre una cosa y otra. Esto haría más difícil que el país desarrolle la capacidad de responder a preguntas clave en todos los ámbitos del conocimiento.
Por supuesto, lo anterior no significa que la fusión sea una idea disparatada. Otros países muestran diversidad de experiencias. Además, la estructura del gobierno ha sido ampliamente estudiada por el Ministerio de Administración Pública, y existe una propuesta integral de la que tal vez se desprenden las propuestas en discusión. Si el gobierno persiste en la idea, resulta perentorio darle apoyo para reducir los riesgos. Una primera tarea es pensar en cómo seguir fortaleciendo los procesos vinculados a la investigación, ciencia, tecnología y vinculación con los sectores productivos. Segundo, poner en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones, un mecanismo de ordenamiento que sólo espera su puesta en ejecución. Tercero, impulsar el fortalecimiento de un gabinete educativo que mejore los enlaces del nuevo MINERD con otras instancias, como el INFOTEP. Es igualmente relevante separar los objetivos de eficiencia de la carrera por conseguir recursos, pues sería penoso que la primera victima de una reforma tributaria sea la función social con la que nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos. Se trata de evitar que las prisas coyunturales y las pulsaciones mediáticas transmitan la impresión de que estamos saltando como un dado y tomando decisiones a improvisadas.
Sería también importante extender la propuesta para alcanzar otros espacios de reforma que se ha omitido. Alguna forma de fusión de las direcciones generales de Aduanas y de Impuestos Internos ayudaría sin dudas a la lucha contra la evasión. La creación de una Junta Económica, con representación multisectorial, permitiría que la sociedad vele la calidad del gasto, como la Junta Monetaria vigila la política monetaria. Y un rediseño del sistema de protección social contribuiría al éxito de cualquier estrategia de equidad e inclusión. De hecho, el decreto 687-20 creó una comisión para hacer una propuesta sobre eso, pero al parecer se murió de forma muy discreta. ¿Será este el momento propicio para resucitarla?
