El sábado en la noche, el presidente Luis Abinader anunció lo que muchos anticipaban: pidió el retiro del Congreso del cuestionado proyecto de Ley de Modernización Fiscal, luego de unos cuantos días de intensas críticas de diferentes sectores de la sociedad.
La intención de la reforma presentada era recaudar más de RD$122 mil millones para desarrollar obras de infraestructura, mejorar la seguridad ciudadana y la salud.
Pero la ampliación de la base del Itbis, manteniéndolo al 18 % e incluyendo los alimentos en el paquete; establecer el pago del Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria a partir de los RD$5.25 millones, entre otras medidas, causaron un rechazo generalizado entre el ciudadano común y corriente.
Eso, sin hablar, de la eliminación de la exenciones de sectores como el turismo, la industria y el aumento de los impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas y azucaradas.
No quedó muy claro si los asesores financieros de Abinader volverán a su tabla de Excel para determinar de dónde saldrá el dinero que se necesita para lograr el desarrollo que se quiere, ni tampoco cómo quedan las cosas con el ministro de Hacienda, a quien se le ha cargado esta cuenta.
