Es difícil ignorar el elefante en la habitación cuando hablamos de la evasión fiscal en la República Dominicana: todos la reconocen, pero pocos parecen dispuestos a hacer algo al respecto. El reciente anuncio del presidente Luis Abinader sobre las medidas para perseguir la evasión es un recordatorio de que, si bien existen estrategias para combatir este mal, el compromiso real para solucionar el problema sigue siendo tímido.
La evasión fiscal no es un secreto. El propio mandatario lo reconoció, señalando que el ITBIS y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) son los más vulnerables. Sin embargo, la retórica oficial sigue cayendo en un patrón que ya conocemos: promesas de implementación de tecnología como la facturación electrónica, y la colaboración con organismos multilaterales. ¿Pero qué hay del verdadero compromiso por parte de todos los sectores para que la reforma fiscal sea una realidad?
La reforma fiscal no puede seguir posponiéndose, especialmente en un contexto donde la evasión afecta la capacidad del Estado para financiar políticas públicas esenciales. La presión fiscal de un 14.8 %, según los números del gobierno, sigue siendo baja comparada con los estándares internacionales. No es suficiente decir que se perseguirá a los evasores si, al mismo tiempo, no hay voluntad política ni acuerdos entre sectores para abordar el tema de manera integral.
Los mismos actores que critican la evasión y exigen medidas, son los que frenan la discusión cada vez que se plantea una reforma que exija mayor transparencia y eficiencia en la recaudación. El país necesita una reforma fiscal no solo para tapar los huecos que deja la evasión, sino para establecer un sistema justo y equitativo. Retrasarla solo agrava el problema y perpetúa un modelo económico insostenible.
El momento es ahora, y no podemos esperar que el gobierno lo haga solo. Todos los sectores deben asumir su responsabilidad, no solo con palabras, sino con acciones concretas.
