Uno de los temas que pasó un poco por debajo de la mesa esta semana, durante la visita del presidente Luis Abinader a Nueva York para participar en la 79a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, fue el de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, tanto electos como nombrados.
El pasado 16 de septiembre se cumplió el plazo de presentar su declaración a aquellos que asumieron posiciones el 16 de agosto, algo que solo el 38 % de los que debía declarar, lo hizo.
En la Gran Manzana, el presidente Abinader declaró que daría un plazo de 15 días más a aquellos que no hayan declarado, para que cumplan con sus compromisos.
Eso motivó las esperadas críticas de la oposición, así como también de algunas organizaciones de la sociedad civil.
Pero llamó la atención la reacción de la vicepresidenta Raquel Peña, quien dijo que “Si hubiera sido yo (la presidenta), no le hubiera dado plazo” a ningún funcionario.
¿Será que la vicepresidenta de la República, y también presidenta del Gabinete de Educación, fijó su primera posición como una potencial “presidenciable” del Partido Revolucionario Moderno para el 2028?
