La declaración de Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, sobre el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, llama la atención.
Ella cuestiona que el contrato siga vigente a pesar de haber sido suspendido, lo cual adquiere más relevancia en el contexto del reciente apagón del sistema de semáforos, por el cual las autoridades culparon a Transcore Latam.
Ortiz Bosch señala que no le “gustan los contratos que se suspenden y que se siguen cumpliendo”, lo que sugiere una falta de transparencia y rendición de cuentas en el proceso.
Los senadores también se han pronunciado, recomendando que los semáforos en el país sean manejados directamente por el Gobierno y no por empresas privadas, dado que se trata de un asunto de seguridad vial y nacional. Esto refleja la necesidad de una mayor supervisión y control sobre este tipo de servicios públicos estratégicos.
En resumen, la situación expone la importancia de garantizar la adecuada gestión y transparencia de los contratos públicos, especialmente en áreas clave como la infraestructura vial, para proteger los intereses de la población.
