Un amplio sector de la comunidad internacional ha coincidido en que es deber del gobierno de Nicolás Maduro permitir la evaluación independiente de las actas de votación de las elecciones presidenciales del pasado domingo.
Al negarse, el gobierno venezolano se ampara en su derecho a impedir la injerencia externa en los asuntos de un país soberano. Si bien las naciones soberanas tienen derecho a decidir sobre sus asuntos internos, también es cierto que en un mundo democrático es responsabilidad de otros países garantizar procesos justos y limpios, para que podamos hablar de un mundo libre.
Maduro se resiste a acceder a este pedido, que es justo y pertinente, y que ha sido solicitado por la oposición dentro de su país, lo que demuestra que no es un tema exclusivo de la comunidad internacional. Si todo es transparente, ¿por qué ocultarlo?
Respaldamos el llamamiento de la Organización de Estados Americanos para que se aclare la situación y al gobierno venezolano le aconsejamos reconsiderar su actitud hacia la República Dominicana, por el bien de todos los venezolanos y de toda la región.