El presidente Abinader en cada oportunidad que puede repite que la reforma anunciada por el gobierno no es solo fiscal y tributaria, sino que abarcará también el gasto público, que es “gastar mejor y e eficiente” según sus propias palabras dichas en La Semanal del lunes pasado.
Hacer más eficiente el gasto público es fundamental en cualquier reforma porque esto significa mejorar la calidad de vida de la gente al implicar el mejor uso de los recursos financieros del Estado en la prestación de servicios, sin desperdiciarlos.
Nuestra democracia y su sistema electoral con los años y los procesos sucesivos ha ido madurando.
Desde el primero de junio de 1966 los electores hemos ido a las urnas a elegir a los candidatos propuestos por los partidos políticos y aunque algunos de los certámenes electorales han mostrado fallas y no han faltado las trampas, la mañosearía y el pataleo político, al final ha ganado el que sacó mas votos.
A la luz de los avances electorales que mostramos, es innecesario y consiste en un desperdicio de los recursos públicos, el dinero que se utiliza para financiar los partidos políticos. Solo en las elecciones recién pasadas, recibieron más de cinco mil millones de pesos. Agréguese que, según ley, siguen recibiendo dinero, aunque en menor cantidad.
Si bien es cierto que hay sectores estratégicos como las zonas francas que disfrutan de exenciones fiscales que deben permanecer intocables por su significación en la producción de empleos, también otros sectores que tienen exenciones por muchos millones de pesos ya no se justifican. Es posible que el gobierno por su composición social no esté en capacidad de eliminar totalmente el privilegio fiscal de esos grupos, pero por lo menos debe ser factible una reducción cercana al cincuenta por ciento.
El Fondo Monetario Internacional en su reciente Declaración del personal técnico a término de la misión de la consulta del Artículo 1V correspondiente a 2024 dice, textualmente: “Resulta imperiosa una reforma fiscal integral que eleve de forma duradera los ingresos fiscales mediante una ampliación de la base tributaria y la eliminación de exenciones, en paralelo con una reducción de la evasión fiscal y mejora en la eficiencia en el gasto, incluidos menores subsidios al sector de la electricidad y menores transferencias no focalizadas”. Más claro, ni el agua.
La democracia es un sistema caro. Juan Bosch dijo una vez que la democracia es un lujo de países ricos.
La nuestra, a pesar de que somos un país relativamente pobre y nuestra población tiene muchas necesidades y padece de muchas carencias, nos gastamos un sistema democrático lujoso. Costoso.
Nuestro Congreso lo compone el Senado, 32 miembros, uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional. La Cámara de Diputados la conforman 190 representantes del pueblo. Ciento setenta y ocho (178) se eligen por representación proporcional a razón de uno por cada 50 mil habitantes. Además, cinco diputados nacionales y siete diputados de ultramar para representar a los dominicanos en el extranjero.
Ahora, en tiempo de cambios, sería apropiado volver a un Congreso Unicameral, sin barrilitos ni privilegios irritantes, como era en diciembre del 1854, cuando se realizó una nueva revisión a la Constitución para fusionar ambas cámaras en un Senado Consultor, siendo este el primer período en la historia de la República Dominicana en el que el Poder Legislativo se rigió por un Congreso Unicameral.
La administración pública está hipertrofiada. Reconozco el esfuerzo del Presidente Abinader para disminuir la burocracia. No se ha avanzado lo suficiente en ese sentido. Es muy difícil con tantos ministerios y organismos gubernamentales, muchos de ellos inoperantes y burocratizados. Ojalá la reforma incluya fusionar unos cuantos ministerios y direcciones generales.
Ojalá que llueva café.