Para los agricultores y operadores aduaneros dominicanos, el proceso de exportar productos agrícolas hacia la Unión Europea (UE) se ha tornado cada vez más meticuloso y exigente, lo que les requiere mantenerse en constante actualización y revisión de sus prácticas agrícolas.
En un intento de fomentar una actividad agrícola global cada vez más sostenible y cumplir con la demanda de productos más saludables por parte de sus consumidores, el conglomerado europeo ha insistido en la adopción de nuevos requisitos que, para muchos productores criollos, supone más burocracia y costos adicionales para regularse a lo que pide el mercado.
Más certificaciones para orgánicos
Cuando de agricultura orgánica se trata, la República Dominicana ha sido pionera en el posicionamiento de banano y cacao orgánico a nivel mundial. Estos dos rubros lideran, en ese orden, el listado de los 10 productos agrícolas más exportados hacia la Unión Europea.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reporta que las exportaciones de banano orgánico a este mercado generaron ingresos por 187 millones de dólares en 2023, mientras que el cacao orgánico totalizó 75.2 millones de dólares en ese año.
Generalmente, los productores de estos rubros validaban el origen orgánico de sus frutos mediante una certificación emitida a nombre de la asociación de productores a las cuales estuvieran afiliados. La regulación europea era inespecífica sobre cuántos miembros podían constituir un gremio de productores, o cuáles de ellos deberían certificarse de manera independiente.
Esto cambió tras la adopción del reglamento UE 2018/848 sobre producción ecológica y su etiquetado.
La normativa, que entró en vigencia en el 2022, establece que cada grupo de operadores a ser certificado debe contar con un máximo de 2,000 miembros, en cuyo caso, ninguno de ellos podrá sobrepasar las 5 hectáreas de tierra explotada (alrededor de 25 tareas).
“Esto supondría un cambio en la personalidad jurídica de las entidades”, observó el jefe comercial de la misión de la Unión Europea en el país, Luis Araque de Juan, quien indicó que habrán algunas asociaciones y cooperativas que deberán constituirse en unidades más pequeñas.
Subrayó, además, que todo aquel que sobrepase las cinco hectáreas, o cuente con una facturación en ventas que supere los 25,000 dólares al año, deberá certificarse ahora como operador único.
Certificarse de manera independiente incrementaría “de la noche a la mañana” los costos de poco más de 500 productores, estima el asesor para la Asociación Dominicana Dominicana de Banano (Adobanano), Hilario Pellegrini, un gremio que actualmente agrupa a 1,400 productores bananeros.
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Esto se suma a un escenario en el que el banano orgánico dominicano redujo en un 25 % su cuota de mercado a la Unión Europea en el 2023 tras una merma en su producción.
Los efectos climáticos adversos y la propagación de ácaros que disminuyeron la calidad del fruto representaron “un duro golpe para el sector de banano orgánico y de comercio justo”, reportó el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (Cirad) en un informe de mercado.
La crisis ha sido tan fuerte para el sector, que Adobanano calcula que un 12 % de los 1,896 productores bananeros que hay a nivel nacional dejaron de producir, porque vendieron sus tierras a otros productores o pasaron a la siembra de plátanos.
El panorama es distinto para el cacao: si bien las certificaciones podrían no suponer un problema para los productores, porque facturan menos de 25,000 dólares al año de sus ventas, lo cierto es que no todos están interesados en certificar sus prácticas sociales, avales complementarios igual de requeridos por otras regulaciones europeas.
Los costos adicionales y la resistencia de los cacaoteros a acogerse a las regulaciones técnicas y laborales hicieron que la Confederación Nacional de Cacaocultores (Conacado) redujera su matrícula de afiliados de 9,200 a solo 4,500 en los últimos dos años.
“La escasez de mano de obra en el campo (también) han promovido el uso de herbicidas en el control de malezas, y lo peor es que se usan pesticidas prohibidos, tanto en producción convencional como en orgánico”, lamenta su presidente, Isidoro de la Rosa.
De la Rosa precisó, no obstante, que el análisis de los cargamentos de cacao previo a su llegada a los puertos europeos, y el incremento en la supervisión de las fincas, han evitado la llegada de cacao contaminado a la Unión Europea.
Tabacaleros: más impuestos y el reto de la trazabilidad
Para el tabaco, el tercer producto agrícola más exportado hacia la Unión Europea, los productores han tenido que enfrentarse a impuestos más altos (entre un 17 % y un 27 %, además de los aranceles específicos a cada país) y al reto que supone la trazabilidad del cultivo y su principal derivado: el cigarro.
“Para las pequeñas y medianas empresas es muy difícil, para las grandes les es más fácil adaptarse en términos de trazabilidad, pues muchos suelen producir sus materias primas y pueden llevar mejor control”, enfatizó al respecto el CEO de Continental Cigar, Carlos Fernández.
Para realizar una debida trazabilidad del producto, se exige más información sobre el producto, como la cantidad y el tipo de fertilizante que se aplica, la zona territorial específica de siembra, la edad del curado del tabaco y el tipo de fumigación, que se exige se realice en cámara fría y no con pastillas químicas, lo cual añade un costo adicional.
Tras el aumento de los costos impositivos y las exigencias de la Unión Europea, Fernández contó a Diario Libre que sus exportaciones hacia ese mercado descendieron en un 70 %, lo que afectó la operatividad de la empresa, que redujo su personal e incrementó su público objetivo en Estados Unidos y Australia.
Pese a estos retos, el director del Instituto Dominicano del Tabaco (Intabaco), Isidro Tavárez, señala que el país ha dado pasos significativos en lo que se refiere a la reducción de residuos presentes en los cigarros, lo cual es tomado muy en cuenta por el mercado europeo.
Señaló que en la República Dominicana hay alrededor de 145,000 tareas sembradas de tabaco en alrededor de 15 provincias diferentes, con una capacidad de producción de 2.20 quintales por tarea, para una producción de casi 300,000 quintales de tabaco.
Para los fabricantes de cigarros, la normativa de mayor peso es la Directiva del Producto del Tabaco (TPD), que regula su etiquetado y embalaje, así como los ingredientes de los cigarros que deben ser exportados hacia los Veintisiete.
Cacao y café estarían preparados para la diligencia debida
La entrada en vigor del reglamento UE 2023/1115 a partir del 2025 también plantea a los exportadores demostrar, a través de una declaración de diligencia debida, que sus fincas estarán libres de deforestación.
En ese sentido, De la Rosa explicó que casi todas las empresas exportadoras de cacao “van a estar bastante avanzado” en la adopción de estrategias para registrar a los productores que le suplen y tener sus fincas georreferenciadas antes del 30 de diciembre del 2024, la fecha límite que establece la normativa para que los terceros países se adapten si quieren seguir exportando.
El café también avanza en esa dirección, aseguró el director ejecutivo del Instituto Dominicano del Café (Indocafe), Leónidas Batista, quien indicó que ya el 36 % de las fincas que hay en el país –alrededor de 11,000– están georreferenciadas y registradas en una plataforma digital que le permite a los compradores europeos obtener detalles sobre la finca, las condiciones del cultivo y saber quiénes son los productores.
Residuos químicos a hortalizas
De acuerdo al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea, el país recibió seis notificaciones de alerta entre julio del 2023 y julio del 2024, tras la detección de residuos orgánicos en hortalizas y frutas que excedían los límites establecidos por las normas europeas, dos de ellas identificadas como “graves” y otras dos con “riesgo potencial”.
Entre los rubros mencionados se encuentran hortalizas como la berenjena, las vainitas verdes y los pimientos dulces, tres productos reincidentes y cuyos cargamentos debieron ser destruidos para evitar su comercialización.
Sin embargo, el departamento de Inocuidad del Ministerio de Agricultura señala que estos casos son los menos: de 350 envíos realizados entre junio del 2022 y junio del 2024, solo seis fueron rechazados, lo que representa el 1.71 % de lo enviado al conglomerado europeo.
Esto, debido a mayores controles de inspección previo a su exportación, como parte de un plan de protocolo que ejecuta la institución.
Como resultado, se han destruido cargamentos antes de ser exportados y se han identificado a 12 empresas exportadoras que presentaron inconvenientes con estos productos.
A seis de estas compañías se les suspendieron las exportaciones temporalmente, hasta que demostraran que la cantidad de plaguicidas presente en las hortalizas se había reducido.
De esta manera, los exportadores agrícolas dominicanos deberán estar al tanto de las medidas que continúe adoptando la Unión Europea, que se dirigen hasta la inclusión de más certificaciones para pequeños productores, más medidas de trazabilidad y declaraciones de debida diligencia con las cuales sustentar la sostenibilidad de la actividad agrícola de los países a los que les compra, dependiendo el cultivo que se trate.