Más de 120 víctimas demandaban respuestas ayer, durante la audiencia de medidas de coerción contra los imputados por el llamado caso Guepardo, una nueva estafa inmobiliaria en la que al menos US$18,851,583.12 fueron distraídos por una banda delictiva, según un informe financiero preliminar de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría Antilavado de Activos.
La historia no es nueva. Cada cierto tiempo se repite y solo cambian las localidades y los nombres de los afectados, mientras, en la mayoría de los casos, las personas que trabajaron duro para adquirir sus viviendas, terminan con sus sueños rotos y con las manos en la cabeza.
Hay un fallo muy grave del sistema, que permite que constructores (reales o ficticios) obtengan dinero de manos de compradores que terminan timados y con pocos recursos legales para maniobrar en contra de los estafadores.
La estructura legal tiene demasiados huecos y aquellas personas que se lanzan a comprar una propiedad solo cuentan con recomendaciones vacías de los sectores inmobiliarios, que se limitan a pedirles a los consumidores que verifiquen la reputación de la constructora antes de arriesgarse a hacer una compra.
Esto, sin hablar de los absurdos contratos que manejan algunas inmobiliarias, que permiten la modificación de los precios pactados al antojo del constructor y los protegen a ellos contra los retrasos, liberándolos de responsabilidad en desmedro de los adquirientes.
El sector construcción es uno de los más pujantes de la economía dominicana, genera muchos empleos y dinamiza el mercado.
Pero en la actualidad está mostrando debilidades muy significativas que ponen en tela de juicio las garantías jurídicas en el país.
A la larga, se perjudica considerablemente al ciudadano y queda la sensación de desprotección que va en contra de los mejores intereses de la nación.