La última reforma que brindó un camino a la regulación para los indocumentados en los Estados Unidos se produjo en la segunda presidencia de Ronald Reagan, hace casi cuatro décadas. Desde entonces cada abordaje de ese régimen se hizo para dificultar, ralentizar y enredar los procesos que permiten a los migrantes y sus familias integrarse plenamente a esa sociedad.
La clase política estadounidense reconoce que el sistema migratorio está roto, sin embargo no produce leyes para adecuarlo a la realidad social y sus necesidades económicas y laborales. A pesar de que es una de las razones detrás del caos migratorio que padecen, que se refleja en la crisis fronteriza, pero también en el incremento del raterismo, la delincuencia y la mendicidad que se observa en algunas de sus grandes ciudades.
Sobre el discurso de enfrentar esa crisis y deportar millones de ilegales Donald Trump ganó las elecciones. Y apenas horas después de asumir su segunda presidencia dieron inicio operativos de persecución y deportación de migrantes que afectan sensiblemente la vida de millones de personas.
Unas políticas que son inviables desde toda perspectiva, y que se supone que no podrán prolongarse indefinidamente en el tiempo. Pero que de momento causan mucho dolor y preocupación en decenas de miles de dominicanos que residen irregularmente en Estados Unidos y temen ser deportados. Buena parte de los cuales tienen muchos años y una vida hecha en ese país, incluso con familia e hijos.
Para ellos toda la empatía y solidaridad. Y exigir al gobierno dominicano que utilice las vías diplomáticas para solicitar trato digno para sus nacionales; que ofrezca asistencia legal si fuera requerida por los detenidos en redadas; y cree mecanismos que faciliten, dentro de sus posibilidades y competencias, su integración a la sociedad como agentes económicos activos ante una eventual deportación.
Ahora bien, las autoridades no deben ni pueden intervenir para que sean suspendidas la aplicación de estas medidas en contra de emigrantes dominicanos, como solicitan algunos activistas y políticos radicados en Estados Unidos y Puerto Rico. Y mucho menos pretender que el presidente Abinader emule a sus pares de Brasil, Colombia, Honduras y México, denunciando y enfrentando públicamente al gobierno estadounidense y su presidente.
No pueden hacerse reclamaciones porque el accionar de las autoridades estadounidense se enmarca en la más absoluta legalidad, están en el derecho de expulsar a toda persona que se encuentre en su territorio de forma irregular. Y aunque lamentable, la realidad es que según sus leyes toda persona que ingrese y se encuentre ilegalmente en los Estados Unidos incurre en una infracción.
Y no debemos reprochar porque lo que hacen ahora en Estados Unidos es lo mismo que hacemos los dominicanos con los haitianos, cuando ejerciendo el derecho soberano de controlar y perseguir la migración ilegal, se producen redadas, se detienen indocumentados y se envían de regreso a su país.
Por lo que cualquier queja, critica o protesta no sólo caería en saca roto, es que además sería afilar cuchillos para nuestra propia garganta.