Desde el 2021, el gobierno dominicano ha destinado más de RD$1,796 millones en subsidiar tres corredores de autobuses operados por empresarios privados en las avenidas Núñez de Cáceres, Charles de Gaulle y Winston Churchill. Estos recursos provienen de los RD$2 que se deducen de cada galón de combustible vendido en el país.
Con dinero del fisco, el Gobierno paga RD$37 a los choferes, mientras que el público aporta RD$35 por cada pasaje en dicho sistema de transporte.
Esto se suma a otros miles de millones de pesos destinados a otras rutas de autobuses y carros públicos para tratar de controlar las tarifas que pagan los usuarios.
El resultado es un sistema disfuncional que resulta excesivamente caro para el fisco y que opera como un verdadero barril sin fondo.
El factor político ha influido en que las cosas operen de esta manera, para garantizar respaldos temporales a las autoridades de turno.
Esta estrategia fallida debe ser repensada y los fondos deben destinarse a opciones más fructíferas que alivien el caótico tránsito dominicano.