La frecuente interrupción de la educación en las escuelas dominicanas debido a las huelgas docentes es un problema crítico que va más allá de una simple pérdida de días escolares.
Cada día de paro representa una pérdida financiera cuantiosa para el Estado, estimada en 760 millones de pesos, y desperdicia recursos vitales, como la alimentación escolar, generando un impacto negativo en el sistema educativo y en los mismos estudiantes, quienes se quedan sin la oportunidad de un desarrollo académico consistente.
Si bien las reivindicaciones de los docentes pueden ser legítimas, interferir con el calendario escolar es contraproducente, pues afecta el futuro de miles de estudiantes.
Declarar la educación como un servicio esencial podría ser un paso necesario para proteger el derecho de los estudiantes a recibir una educación continua y de calidad.
Es fundamental encontrar soluciones sostenibles que no sacrifiquen el aprendizaje, especialmente en un contexto global, en el cual la educación es clave para enfrentar desafíos futuros. Pensemos primero en los estudiantes.
