La superficie destinada al cultivo de alimentos en la República Dominicana ha crecido a lo largo del tiempo, sin que esto se traduzca necesariamente en una agricultura más productiva.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la frontera agrícola –que es el límite geográfico en el que la actividad agrícola se expande hacia tierras naturales en zonas rurales o poco desarrolladas– se ha extendido hasta un 69 % más entre el 1982 y el año 2015, pasando de 1.1 hectáreas a 1.9 hectáreas durante este período.
Así las cosas, para el 2020, casi la mitad del territorio dominicano se dedicaba a las labores agrícolas, cuando el promedio de América Latina y el Caribe es de apenas un tercio, según apunta la entidad multilateral en el estudio “Panorama de oportunidades, República Dominicana”.
Además, el BID señala que estas prácticas se habían ampliado “en detrimento del medio ambiente y sin que mejore la productividad”, presionando los recursos naturales por el uso de terrenos no aptos para la agricultura.
En efecto, el incremento promedio de la productividad agrícola en más de 50 años (entre el 1961 y el 2014) fue de 0.6 %, mientras que el promedio de la región es cuatro puntos porcentuales más alto, situándose en un 1 %.
Adicional a esto, entre el 2002 y el 2020, el 7 % de los bosques del país se habían perdido, debido a las actividades agrícolas.
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Condiciones sanitarias
Asimismo, el estudio del BID apunta a cómo las condiciones sanitarias de los productos agropecuarios limitan sus exportaciones, pese a los aportes continuos de la venta de productos hacia el exterior por parte de la agricultura.
“Las frutas y verduras son inspeccionadas con mayor frecuencia y exigencia cuando ingresan a la Unión Europea y Estados Unidos. Los motivos de rechazo a algunos productos suelen ser por contaminación con plaguicidas, salmonela y otros organismos perjudiciales”, subraya el informe.
Asimismo, indicó que los sistemas que evalúan la calidad de los productos y la falta de coordinación entre las empresas, incide en la disminución de ciertas exportaciones, sumado a que el marco legal actual es de 1965, lo que dificulta responder oportunamente a los desafíos sanitarios.
Más inversiones
El sector agrícola también ha carecido de una partida presupuestaria específica para asistencia técnica, acompañamiento sanitario, investigación o innovación. Apenas el 10 % del presupuesto agropecuario se destina a estos fines, mientras que el 20 % se trata de apoyo directo a los productores, señaló el BID.
De hecho, las inversiones en investigación, vistas como porcentaje del producto interno bruto (PIB) agropecuario se contrajeron de 0.30 % a 0.18 % el año pasado.
En ese sentido, la entidad multilateral recomendó el desarrollo de programas de transferencia y adopción de tecnologías que beneficie, tanto a los agricultores como a las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector, con el objetivo de aumentar la resiliencia de los cultivos.
Asimismo, considera que se deben ampliar las capacidades y el alcance de entidades como el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico, el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf) y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf).