La Asociación Dominicana de Sistemas Eléctricos Aislados (Adosea) demandó que el Reglamento de Generación Distribuida, en conocimiento de la Superintendencia de Electricidad (SIE), sea una normativa equilibrada que contribuya al desarrollo sostenible del mercado eléctrico, sin privilegiar a segmentos del negocio en detrimento de otros. También advirtió sobre la necesidad de evitar generar inestabilidad en las redes de distribución y poner en riesgo la confiabilidad del servicio eléctrico, lo que afectaría a millones de dominicanos.
La entidad, cuya membresía cubre el 80% de la oferta hotelera nacional, pidió a la SIE que los términos del borrador del reglamento estén alineados con lo establecido en la Ley 57-07, sobre Incentivo a las Energías Renovables.
Adosea llamó la atención sobre el hecho de que el proyecto de reglamento se basa en la medición neta (trueque de energía), lo que contraviene el artículo 20 de la Ley 57-07 y el artículo 56 de su reglamento. Estos documentos establecen que la compra de energía debe hacerse bajo el mecanismo de facturación neta, a precios establecidos por la Superintendencia de Electricidad, previa recomendación de la Comisión Nacional de Energía, y la venta a pequeña escala debe realizarse a las mismas tarifas que a todos los usuarios, en lugar de un intercambio de energía.
La entidad también pidió evitar que la normativa fomente una competencia desleal, haciendo que la compra de energía a productores renovables a pequeña escala se realice a más del doble del precio establecido para los productores renovables a gran escala que utilizan la misma tecnología.
Expresó que la situación de deslealtad sería aún mayor si se considera que los productores a gran escala están obligados a obtener concesiones, realizar estudios, tramitar permisos y vender su energía a través de procesos de licitación, requisitos que no tienen que asumir los productores a pequeña escala.
“Por ejemplo, una distribuidora como EDENORTE compra energía a un productor a pequeña escala en medición neta a RD$14.04 por kWh, pero cuando adquiere energía de un productor renovable a gran escala, el precio que paga es RD$5.07 por kWh, a pesar de que en ambos casos la energía proviene de un sistema fotovoltaico en la zona del Cibao, según el último precio de referencia publicado por la CNE mediante la resolución CNE-AD-0036-2022”, apuntó ADOSEA.
Insistió en que cualquier modelo para continuar apoyando la generación distribuida debe ser justo para todos los actores y promover la compra de energía renovable a los mismos precios, además de estar bien planificado. La generación distribuida ha tenido un crecimiento impresionante desde que comenzó el programa hace aproximadamente 10 años.
En una nota de prensa la institución indicó que hoy en día, hay casi 18,000 clientes que suman más de 427 MW, lo que representa casi un 10% de la capacidad instalada de la República Dominicana, expuso el gremio de los sistemas eléctricos aislados.
“Si bien la adopción de energías renovables es crucial para el futuro energético del país, no puede hacerse creando distorsiones en la compra de energía que resulten en que se pague más del doble del precio a los productores a pequeña escala en medición neta, lo que comprometería la estabilidad del sistema eléctrico y la calidad y confiabilidad del servicio”, expresó.
En este sentido, sostuvo que la propuesta del reglamento gestionada por la SIE podría generar inestabilidad en las redes de distribución y poner en riesgo la confiabilidad del servicio eléctrico, afectando a millones de dominicanos. Argumentó que la incorporación masiva de paneles solares mediante generación distribuida, sin los controles y mecanismos adecuados, podría sobrecargar las infraestructuras existentes, provocando interrupciones en el servicio y disminuyendo la calidad de la energía suministrada, tal como ha ocurrido en algunos países desarrollados.
Otro aspecto preocupante es el impacto financiero que este reglamento podría tener en las empresas de distribución eléctrica, al permitir que aquellos que instalaron paneles solares de manera individual no compensen a las compañías de distribución de manera justa por los costos asociados a la instalación, operación, mantenimiento y modernización de la red eléctrica. Por lo tanto, la propuesta del reglamento compromete las inversiones necesarias por parte de las compañías de distribución para garantizar un servicio eficiente y confiable, afectando a los usuarios que no tienen paneles instalados.
“Un sistema eléctrico balanceado es clave para el bienestar de todos los dominicanos”, afirmó Cabral. “La versión actual del reglamento, al no distribuir los costos de manera justa, genera una situación en la que las distribuidoras, que son responsables de mantener la infraestructura, se ven debilitadas financieramente, afectando su capacidad de inversión en la red y perjudicando también a los hogares y negocios que dependen de un servicio de calidad”.