El Estado dominicano ha crecido de manera desproporcionada. Centenares de organismos públicos integran un sistema que, lejos de mejorar la vida de los ciudadanos, se ha vuelto ineficiente y costoso.
Esta estructura macrocefálica, con un organismo por cada 10,000 habitantes según cálculos, no solo es insostenible, sino el resultado de un viejo sistema clientelar que antepone los intereses partidarios a las verdaderas necesidades de la población. Es una vieja historia, una losa sobre el cuerpo social.
Cada año, se destinan miles de millones de pesos en papeleo y regulaciones ineficaces. El costo social de solo un puñado de instituciones drena el PIB de miles de millones de pesos. Mientras tanto, servicios esenciales como salud, educación y transporte siguen siendo deficientes.
Este esquema beneficia más a las redes clientelistas que a los ciudadanos comunes, quienes financian con sus impuestos un Estado que, pese a los esfuerzos de esta administración, rinde poco.
No es sostenible que se mantenga un aparato estatal que, además de duplicar funciones, genere trabas innecesarias y encarezca los procesos para los ciudadanos y las empresas. La prioridad debe ser reducir el tamaño del Estado, fusionar o eliminar organismos redundantes y corregir ineficiencias. Sin embargo, cualquier intento de reforma fiscal será insuficiente si no se piensa primero en el país, en lugar de priorizar intereses partidistas.
El futuro de la República Dominicana está en juego. Para lograr eficiencia y sostenimiento financiero, es necesario romper con el círculo vicioso de un Estado al servicio del clientelismo político. Es momento de actuar con valentía y responsabilidad, poniendo al ciudadano en el centro de las decisiones. Solo así se podrá garantizar un futuro de desarrollo y bienestar para todos, más allá del próximo ciclo electoral.
