La reciente decisión del Tribunal de Atención Permanente del municipio Comendador en Elías Piña, que impone prisión preventiva a tres militares por su complicidad en el tráfico de haitianos, subraya la crítica necesidad de mantener una política de cero tolerancia frente a este delito.
La corrupción en las filas militares y policiales no solo socava la seguridad nacional, sino que también agrava la crisis migratoria, fomentando un ciclo de ilegalidad y riesgo humano.
Es vital que las autoridades continúen aplicando medidas rigurosas y ejemplares contra aquellos que, por lucro personal, ponen en peligro la soberanía y la estabilidad social.
Este caso debe servir como un recordatorio de que ningún sector, sin importar su posición, está por encima de la ley, y que la integridad institucional es el pilar para abordar de manera efectiva el problema del tráfico de inmigrantes y de personas.
Combatir este flagelo requiere un enfoque holístico y un compromiso inquebrantable por parte de todos los actores involucrados, y los militares son los primeros que deben dar ejemplo.
