Ni nuestro problema ha sido la introducción de la propuesta tributaria, ni nuestra solución será su retiro. El desarrollo requiere mejoras cualitativas.
El estudio del desarrollo económico diferencia claramente entre crecimiento económico y desarrollo. El crecimiento es el simple aumento monetario de la producción nacional. Suele ser un precursor del progreso, pero no necesariamente lleva al desarrollo si tal crecimiento no se distribuye entre los participantes ni conlleva a mejoras en las condiciones de vida no monetarias (agua, vivienda, salud, seguridad, educación, etc.).
Dicho de otra manera, una persona puede tener pocos ingresos y disfrutar de excelentes servicios que le permiten desenvolverse en lo alto de la civilización, o viceversa. Consideremos que en República Dominicana disfrutamos de un parque vehicular que rivaliza con Dubai y de hospitales (públicos y privados) comparables con Uganda.
Fue Amartya Sen, premio nobel de origen hindú, quien primero estudió la reducción de la pobreza como objetivo central del crecimiento económico. Los indicadores que desarrolló sobre condiciones de vida son hoy la base de todas las comparaciones internacionales. De estos nace el IDH, o Indicador de Desarrollo Humano, el cual se compone a partes iguales de un indicador monetario, de salud y de educación.
Lógicamente, ciertos servicios son de naturaleza pública y deben ser provistos por el Estado el cual necesita recaudar impuestos para financiar tales gastos. La reciente presentación del Ministerio de Hacienda justificó el propuesto aumento tributario comparando distintos niveles de inversión pública con relación al PIB. Podía observarse que la tasa de inversión dominicana (19.3%) estaba por debajo del promedio regional (27.8%). Presentaba la tasa más alta de la región Brasil (48%) mientras Costa Rica nos seguía con 18%.
Esto es curioso pues el IDH para Brasil es muy similar al dominicano mientras el IDH de Costa Rica es significativamente mejor que ambos. ¿Qué implica esto? Que la cantidad de recaudaciones no determina la eficiencia en la provisión de servicios públicos. Costa Rica, con menos recursos proporcionalmente, ha logrado proveer un mayor nivel de condiciones de vida a sus ciudadanos. El país es reconocido por la calidad de su educación, la eficiencia de sus servicios estatales y su poca inversión en infraestructura.
Volviendo a R.D., ni nuestro problema fue la introducción de la propuesta tributaria, ni nuestra solución será su retiro. Tampoco lo contrario.
Nuestro inconveniente ha sido que el gasto público se ha caracterizado por solucionar de manera cosmética y a precios inflados los problemas inmediatos, políticos y de coyuntura sin ahondar en verdaderas transformaciones. Lamentablemente, hace poco enfrentamos la pandemia, superada gracias al endeudamiento de bajo costo (el país no tenía reservas para sufragar subsidios) seguido por una recuperación económica dinámica que pudo sostener una transformación importante, pero resultó en una aceleración del gasto y del empleo público, con sobrados ejemplos de dispendios injustificados, y en algunos casos, injustos.
El retiro de la propuesta no debe ser excusa para continuar con este escenario. El llamado ha sido a reducir la evasión para no aumentar las tasas de imposición a quienes ya pagan y a mejorar la eficiencia del gasto eliminando nominillas, compras de bienes superfluos e inversiones infladas en búsqueda de cumplir los objetivos del desarrollo.
