La postura del canciller Roberto Álvarez de defender ante el Consejo de Seguridad de la ONU la continuación de las deportaciones de haitianos en situación irregular, es correcta, pues su fin es preservar la soberanía y la seguridad nacional.
Aunque República Dominicana ha demostrado ser un país solidario, acogiendo a miles de haitianos en sus escuelas y hospitales, la migración masiva e irregular plantea desafíos que no pueden ser ignorados.
Álvarez acertadamente señaló que detener las deportaciones equivaldría a abrir la frontera, lo que incentivaría aún más la migración irregular y sobrecargaría los recursos nacionales.
En un contexto en el cual la situación en Haití sigue siendo inestable, sin mejoras significativas tras la llegada de la misión multinacional, es injusto exigir a República Dominicana que asuma una carga desproporcionada.
Si bien el respeto a los derechos humanos es esencial, también lo es el derecho de un país a proteger sus fronteras y garantizar el bienestar de su población. La comunidad internacional debe apoyar a Haití, en lugar de delegar la responsabilidad a sus vecinos.
