Según el Ministerio de Administración Pública, el Estado Dominicano cuenta con 330 instituciones o agencias gubernamentales (entre ministerios, direcciones, comisiones, etc.), aunque la página de la Presidencia de la República menciona 360. Esto, sin incluir 158 ayuntamientos y 235 direcciones de Distritos Municipales. A esto se suman 177 tribunales divididos en 277 salas.
En total, 1,000 organismos públicos (sin contar embajadas y consulados) cuya operación debe financiarse con el Presupuesto General del Estado: un organismo público por cada 10,000 ciudadanos, si calculamos la población en 10 millones.
En los 180 años de república, hemos creado agencias estatales a un ritmo de dos por año, considerando solo las dependientes del Poder Ejecutivo. Si las contamos todas, el promedio asciende a 5.5 por año.
El costo social de las regulaciones de solo 60 de estas agencias (según una fórmula desarrollada por Ronald Coase y la Oficina de Análisis Regulatorio de EE. UU.), tal como lo indican los estudios de RD +Simple —un programa que desarrollamos en el Consejo Nacional de Competitividad y que este gobierno rebautizó como “Burocracia Cero”—, asciende al 5% del PIB aproximadamente, o su equivalente a 297,000 millones de pesos en el año 2019, sin incluir las tasas por servicios. ¡Solo en papeleo! Esto significa que, en la República Dominicana, obtener un permiso, autorización o licencia es 500% más costoso que en Inglaterra y 250% más que en México, donde los costos representan entre el 1% y el 2.5% del PIB, respectivamente.
Hasta hace unos años, había al menos 40 juzgados de paz que recibían menos de 10 expedientes por año.
Si algo positivo ha revelado la Reforma Fiscal, es la enorme necesidad del pueblo dominicano de contar con servicios públicos de calidad, y que el dinero pagado en impuestos sea administrado no solo con honestidad y pulcritud, sino también con racionalidad y sin derroche.
En atención a esto, yo le pregunto:
¿Cree usted genuinamente que fusionar 5 o 6 instituciones es suficiente para justificar el enorme sacrificio que se pedía al pueblo a través de la reforma? ¿Cree que un Estado macrocefálico puede administrar con eficiencia y ofrecer servicios públicos de calidad? ¿Con esta dimensión y el enorme derroche de dinero a través de las pérdidas del sector eléctrico, cree que lograremos la sostenibilidad de las finanzas públicas? ¿Es sostenible que dos entidades del Estado tengan potestad para emitir deuda pública, o esto contribuye a manejar de forma adecuada el “perfil” de la deuda?
Aplaudo la intención del presidente y la valentía de abrir la conversación, pero si vamos a hablar en serio y pedir un gran sacrificio al pueblo, que nos permita definir y financiar los próximos 25 años de gastos, la propuesta de reducción de este gran y obeso elefante estatal debe ser más significativa.
Si se busca un espacio legítimo y apropiado para concertar este tema, el lugar de discusión es y debe ser el Consejo Económico y Social, como lo manda la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley 152-15. Para que ese esfuerzo prospere, el presidente debe tomar una decisión respecto a ese órgano y devolverle su funcionalidad, algo que, por agradecimiento o consideración, no ha querido hacer.
¡Vamos arriba!
