Considerando los apoyos concedidos por el Estado durante la pandemia, luego de la recuperación debimos abocarnos a reducir la evasión fiscal de las Personas, Empresas y Utilidades y Ganancias de Capital estimadas en RD$ 317,000 millones. También debimos enfatizar la supervisión cualitativa de los sectores de educación y salud, y pudo haberse adelantado una necesaria red de autobuses – complemento inevitable de bajo costo para cualquier metro, monorriel, etc.
En solidaridad, antes de plantear un sacrifico de la población (estimado en un mes de salario para el trabajador promedio), el Estado debió abocarse a:
1. Reducción de la nómina pública (mediante reducción de puestos y/o salarios de manera escalonada) al nivel de 2022. Aún aplicando el aumento del $5,000 al salario mínimo para 12,000 personas (costo RD$780 millones anuales) ahorraríamos 27,220 millones.
2. Congelamiento temporal o cambio de Ley de Recapitalización del BCRD – ha recibido $112,873 millones en bonos, esto cubre la deuda originaria de la crisis bancaria; y $235,000 millones en intereses. Podemos considerarla saldada. Reducción de gastos programados por $35,000 millones.
3. Congelamiento y revisión de la Ley 66-97 (en lugar de indexarlo al crecimiento del PIB, sin que haya más estudiantes, más maestros ni mejores resultados). Ahorro de $4,500 millones o más.
4. Eliminación de pensiones otorgadas al margen de la ley, ahorro $135.4 millones.
Solo entonces podía plantearse:
1. Desmonte gradual de las exenciones fiscales, en 2025 reducción de un tercio generaría ingresos por $113,000 millones.
2. Reducción de un tercio del subsidio eléctrico, ahorraría $25,000 millones (volvería a su nivel promedio de 2021-2022 cuando el precio promedio del petróleo era USD$81 el barril, mayor al previsto para 2025) enfatizando mejoras en cobros y reducción de perdidas en transmisión más que apagones.
Las medidas anteriores permitirían un ahorro de RD$205,000 millones, sumado a la reducción de un tercio de la evasión por RD$100,000 rendiría una holgura fiscal total de RD$305,000 millones, recayendo la mayor parte sobre las empresas, luego el Estado y en menor grado, la población. Los evaluadores internacionales verían esto con buenos ojos.
Algunas notas: Ojo con el IPI. Este impuesto sobre la vivienda maneja tres variables, valoración, exención y tasa, cuya combinación puede llevar a facturaciones antojosas. Pudieran darse casos absurdos donde propietarios, ancianos, se vean a riesgo de perder sus viviendas por un cálculo de IPI realizado por un empleado motivado por un bono de recaudación. Los precios de la vivienda nacional rivalizan con los de grandes ciudades, ostentando R.D. la segunda tasa más baja de propiedad de la región.
Tampoco queda claro quien procesará, y con cuales fines, las millones de declaraciones juradas que generaría la nueva propuesta. A saber, un vendedor de aguacates a $75 que venda 50 unidades diarias ingresa ventas brutas por $90,000 mensuales. Vaya distorsión con los salarios formales. Podría aprovecharse para reducir el financiamiento a partidos políticos, la tecnología permite el mercadeo digital a bajo costo.
Naturalmente, las recaudaciones deben ser sujetos de un uso transparente y comprometido con la calidad y costo efectividad. Amigos, tenemos opciones.
