El conocimiento de las medidas de coerción del caso Camaleón terminó con tres imputados enviados a prisión preventiva por 18 meses, a otros tres se les impuso garantía económica, o fianza, y a un séptimo se le impuso arresto domiciliario.
La prisión preventiva se ha convertido en una pena anticipada en la República Dominicana, cuando se trata de casos de corrupción administrativa, en un país en el que el 60% de los que se encuentran en las cárceles dominicanas no tiene una condena.
Contradictoriamente, el uso de la prisión suspendida es más frecuente que lo deseado, para aquellos contra los que los fiscales consiguen sentencias condenatorias.
Se asume que la posición del Ministerio Público pretende ser totalmente estricta en los casos de desfalco contra el Estado, por las implicaciones que tienen contra el bienestar de la mayoría, principalmente los más necesitados.
Pero se supone, igualmente, que la inocencia de los imputados se debe presumir hasta que se demuestre lo contrario.
¿No es así?
