Se conozcan o no, es seguro que habrá razones de alta política para explicar el hecho de que el dedo de la regeneración y de las reformas aún no se haya puesto en la llaga más purulenta, aquella que genera una tensión in crescendo, mantiene en ascuas al país y muestra un potencial de ebullición explosivo.
Esa llaga infectada es, ni más ni menos, la del cada vez más intenso proceso de desnacionalización que se encuentra en marcha y a toda vela.
No es asunto nuevo, ni propiciado por las actuales autoridades. No obstante, son las llamadas a restablecer la senda del interés nacional y a adoptar las medidas necesarias para lograrlo.
El asunto es complejo. El trabajo de conceptualización y delineamiento de acciones en buena parte está hecho (Pacto de nación). Falta que se complemente y empiece a ejecutar.
Es imperativo romper el círculo vicioso de crecimiento económico con fuerte acumulación de préstamos externos e intensa entrada de remesas, que tiende a morigerar la competitividad, deteriorar el balance comercial, mantener altas tasas de interés, presionar el salario real a la baja, estreñir el financiamiento a los sectores productivos, excluir a amplios sectores de la población de la protección social.
No se trata de demonizar las remesas ni de prohibir su entrada. Bienvenidas las que llegan porque forman parte de una historia que no puede borrarse, pero sí de cambiar las condiciones internas que siguen propiciando la expulsión de dominicanos de su territorio, que son el origen de esas remesas, con el propósito de tener un país socialmente más homogéneo, integrado y desarrollado.
El modelo de crecimiento en que se apoyan los sectores que directa o indirectamente contratan mano de obra indocumentada, genera un efecto centrífugo de exclusión de dominicanos del proceso productivo y de su terruño.
La consecuencia es su sustitución por haitianos indocumentados que se han apoderado de áreas del espacio geográfico urbano y rural, utilizan en forma creciente servicios gratuitos del Estado (salud, educación…) en detrimento de nuestra población, intentan obtener por cualquier medio la nacionalidad que nos cobija, y por su abultado número inciden sobre los usos, costumbres y ponen en peligro la dominicanidad.
Ha habido connivencia de distintas áreas del Estado con segmentos de empleadores que buscan eludir las penalizaciones que les impone la política económica. Ese segmento patronal ha descubierto que puede compensarlas con su participación en un mercado informal en que se diluyen las regulaciones tributarias, las del código laboral y de la seguridad social.
En esas condiciones el trabajador dominicano queda en desventaja frente al haitiano indocumentado.
De esa manera, los empleadores inducen la llegada masiva de indocumentados, alteran a la baja las condiciones de trabajo, dejan sin ocupación a las familias dominicanas obligadas en último término a abandonar el país. De ahí a la desnacionalización hay solo un paso.
A lo anterior hay que agregar la complicidad de fuerzas del Estado encargadas del control migratorio y de seguridad fronteriza, que ceden a la tentación de fingir que no ven el tráfico de indocumentados por la frontera, carreteras y calles del país, a cambio, parece evidente, de prestaciones económicas.
Tan graves anomalías retratan la disfuncionalidad del Estado dominicano. Es lo que ha permitido el desarrollo de un potente mercado laboral informal.
No es necesario reflexionar mucho para darse cuenta de que entre todas las reformas la de mayor urgencia es la de preservar la identidad de nuestro pueblo. Es ahí donde más se va a necesitar de acumulación de voluntades para remover la fuerza de la inercia.
De ahí que sea imperativo diseñar y ejecutar un conjunto de medidas concretas que mejoren la competitividad, pongan orden en el mercado laboral, igualen los costos regulatorios del sector informal con los del formal, remuevan los desincentivos que operan en contra del trabajador dominicano y del empleador, reconstruyan en el corto plazo la relación 80/20 de dominicanos sobre extranjeros residentes legales, organicen los permisos de trabajo a extranjeros de acuerdo a las necesidades internas y restablezcan el control migratorio.
Llevar a cabo esa labor es desafiante, pues son muchos los intereses que habría que neutralizar. Pero no hay otra opción a la de hacer sentir que hay consecuencias severas cuando se pone en peligro la sobrevivencia de la patria.
Si hay un legado trascendente digno de quedar escrito en piedra incorruptible es el de la preservación de la nacionalidad y de los atributos soberanos. Los poderes del Estado tienen la iniciativa de las acciones. Es hora de ponerlas en marcha.
