Más que una mejora de la gestión del Estado, la propuesta de reforma al gasto público podría ser una estrategia de Gobierno que prepare a la ciudadanía para los cambios impositivos que plantea la reforma fiscal y tributaria que se avecina.
“Esto forma parte de una estrategia de convencimiento, para que la población entienda que el Gobierno está poniendo de su parte al reducir el gasto público y, de esa manera, conseguir apoyo o neutralizar la desaprobación para la reforma tributaria, que traerá más y nuevos impuestos”, señaló Haivanjoe Ng Cortiñas, economista con experiencia en la función pública.
En esto coincide el decano de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Ciriaco Cruz, quien explica que los gobiernos suelen “construir un relato” antes de implementar cambios de tanto peso como una reforma estructural que toque los impuestos de un país.
“Me parece una visión extremadamente optimista del Gobierno, que requiere más información”,observó Ciriaco Cruz.
Explicar el cómo
Aunque la fusión de consejos e instituciones a ministerios, así como la eliminación de entidades públicas es un avance en la gestión de Estado, otros economistas consultados por Diario Libre cuestionan que el Gobierno sea capaz de lograr la meta propuesta, de ahorrar 25,000 millones de pesos a través de estas operaciones.
El 57.7 % del presupuesto de 15 de las 17 instituciones que serían reformadas corresponde al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), de los cuales 17,356 millones son transferencias canalizadas por esa entidad para la emisión de becas, la Universidad Autonóma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental.
El experto en finanzas públicas, Nelson Suárez explicó que, a menos se estos montos se cubran con el 4 % del PIB para la educación, los ahorros reales con el resto de las instituciones señaladas no es viable.
Por esto, considera que el Gobierno debió comenzar al revés, presentando al país acciones prácticas para generar los ahorros, y luego presentar un balance de la proporción que haría falta para cerrar la brecha del déficit público e, introducir entonces, la reforma tributaria. “Tenemos un problema de gestión muy serio, que nadie lo toca”, lamentó.
El vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, Miguel Collado Di Franco, considera que a las autoridades les toca informar a la población de los procesos para fusionar o eliminar las instituciones.
“Esta sería la eficiencia: ser transparentes con los contribuyentes y señalar los ahorras en gastos generales, administrativos y de personal”, puntualizó.
Agregó que, si bien la propuesta representa un avance, se trata de un muy pequeño: de ahorrarse, los 25,000 millones de pesos apenas representan el 0.3 % del PIB que estima el Gobierno para el año 2025.
Para Ng Cortinas, un abordaje integral de la reducción del gasto público requiere que el Gobierno abandone elaborar el presupuesto de la nación en base al aumento del gasto a cada institución, respecto al PIB. “Debe asumir la formulación del presupuesto en base a cero, para lo cual, cada ministerio deberá justificar cada peso que se le apropió, respaldado por resultados esperados”, señaló.
Para el consultor financiero Franklin Vásquez, una reforma integral del gasto público no puede hacerse sin una reducción de las nóminas, pues el Estado está llamado a poner el foco en conseguir mayor eficiencia administrativa.
“Cuando hablas de mejorar la eficiencia, aumentar la productividad, buscar producir bienes y servicios de calidad desde el Estado, la mirada debe estar puesta en los procesos, no en la gente”, zanjó.En esto difirió Ng Cortiñas, quien indicó que la fusión de entidades aumentaría el desempleo en el sector público, lo que atentaría contra el crecimiento económico tras una caída en la demanda agregada, y considera que hay otras alternativas para reducir el gasto, como la reducción en publicidad estatal, que asciende a 11,150 millones de pesos.Ante el anuncio de las autoridades de que algunos empleados serán reubicados y a otros les toca pensionarse, Ciriaco Cruz considera que, más que una reducción en términos de recursos, lo que habrá es un reordenamiento y repartición de los salarios y la nómina pública entre las entidades ya fusionadas.
