Recientemente publiqué un artículo donde planteaba lo complicado que será alcanzar la ambiciosa y necesaria meta que ha trazado el gobierno dominicano en el Plan Meta RD 2036 de duplicar el PIB en 12 años, si no se producen cambios significativos en la educación dominicana.
Es cierto, el rescate de la educación de un país suele ser un proceso largo y tedioso. Hace 50 años, en Singapur, la nación a la que todos miramos hoy por sus resultados en las pruebas PISA y otros indicadores, solo las élites estudiaban y el analfabetismo arropaba a la mayoría de la población. Al parecer, no hay atajos. Estoy consciente de que la educación es un tema muy complejo, aun así, me permito plantear cinco propuestas desde la óptica del sector privado:
1. Medir los aprendizajes debe ser un mantra
Recién se ha vuelto a debatir en la prensa la posible eliminación de las pruebas nacionales. La primera recomendación apunta exactamente a la dirección contraria: necesitamos medir más, no menos.
El físico y matemático británico Lord Kelvin Thompson lo planteó en estos términos: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. El sistema educativo podría aprender mucho de las grandes corporaciones y de las prácticas de la ingeniería industrial: es esencial contar con un cuadro de mando integral (Balance Scorecard) con métricas nacionales, regionales, distritales, por centro educativo y por asignatura.
Un sistema sólido de métricas no solo sirve para diagnosticar, sino también para gestionar. Conocer cuántas palabras por minuto está leyendo cada niño en primero de primaria y cuántos pueden hacer multiplicaciones de dos cifras en cuarto de primaria nos servirá para realizar intervenciones puntuales en colegios o distritos que no estén logrando los resultados esperados, y actuar de manera individual con niños que lo requieran.
Si bien es cierto que los docentes hacen mediciones en su práctica diaria, necesitamos que un ente externo las realice de manera consistente para exigir las mejoras pertinentes. Una solución podría ser seguir fortaleciendo el IDEICI y otros organismos y convertirlos en un brazo de apoyo a la mejora continua del sistema.
2. Los resultados deben ser públicos y conllevar un régimen de consecuencias
Cada año, la sociedad reanima su preocupación por los resultados globales cuando se dan a conocer los resultados de las Pruebas Nacionales, las pruebas diagnósticas y las pruebas PISA. Sin embargo, la información no tiene mayor consecuencia que la de una catarsis colectiva por la cantidad de recursos invertidos sin resultados significativos de mejora.
Aunque está disponible la información de cuáles colegios y escuelas lo hicieron bien y cuáles no (considerando su entorno), no tiene mayor impacto y es desconocida por la mayoría. Al menos en el sector público, no genera una diferencia en los incrementos salariales de los directores y docentes. Y el esquema donde todos ganamos lo mismo, como apunta Myrna Hellerman, si bien es más fácil de aplicar, envía un mensaje negativo muy poderoso: el desempeño individual no importa aquí.
De las más de 10 mil escuelas del país, las que exhiben prácticas innovadoras y logran excelentes resultados no son reconocidas debidamente y en términos prácticos no llevan una distinción con las que obtienen pésimos resultados. Esto debe cambiar si queremos crear una cultura de mejora continua.
3. El sector privado puede incidir
En 2013 el Estado dominicano decidió invertir el 4% del PIB a la educación preuniversitaria. Esta necesaria inversión ha llevado el costo por estudiante en el sector público a unos US$2,250 al año, monto superior a la matrícula de muchos colegios privados.
El incremento salarial de los docentes en el sector público, unido a un sistema de pensiones diferenciado, ha generado una estampida de docentes de un sistema al otro, lo que, sumado al efecto de la pandemia, ha implicado el cierre de un 40% de los centros privados en el país. Esto no sería un problema si los resultados del sector público no estuvieran un 25% por debajo de los del sector privado, según ha reseñado la prensa.
En un artículo reciente de Diario Libre, el economista Jaime Aristy Escuder propuso involucrar al sector privado en la gestión de centros públicos. El Estado puede apoyar el acceso a la educación privada de muchas maneras: a través de subvenciones directas a los colegios, becas o bonos (vouchers) a las familias, donaciones o facilidades en la cesión de terrenos y en la infraestructura. Aunque habría que analizar sus aristas, es importante considerar estas opciones. ¿Por qué no aprovechar la experiencia y capacidad instalada que tiene el sector educativo privado? Hasta ahora, la excepción a esta regla ha sido para los niños a quienes el sector público no tiene la capacidad de proveer el servicio de manera directa y los casos de colegios de carácter confesional que son parte de un sistema semi público. Es importante evaluar si se puede extrapolar con estos u otros métodos a otros centros privados siempre exigiendo a los mismos el nivel de calidad deseado.
4. Mantener y aumentar los requisitos de admisión en la carrera docente
Cada cierto tiempo la prensa reseña alguna iniciativa orientada a disminuir los requisitos para estudiar la carrera de Educación. Ciertamente, mantener el equilibrio entre la cantidad de profesores que requiere el sistema y la calidad que se persigue es un ejercicio complejo, pero ese reto no debería acomodarse hacia la baja, sino todo lo contrario: las exigencias, a mi entender, deben mantenerse y fortalecerse paulatinamente. Necesitamos profesores capaces, aunque haya que buscarlos entre profesionales de otras carreras fortaleciendo la habilitación docente o en países con un nivel educativo superior al dominicano.
Impactar en las capacidades futuras de un grupo de alumnos debe ser considerada una de las responsabilidades más delicadas y valoradas de una sociedad.
5. Cumplimiento de las horas de clases y los programas
Todo lo anteriormente expuesto, aunque se aplicara, de nada serviría si no se asegura la docencia en el aula. Es por esto que la educación no debe estar contagiada por la política partidista. Las huelgas de maestros en el sector público, las reuniones, votaciones y otras situaciones que conllevan la suspensión parcial o total de la docencia deberían percibirse como una falta grave. Sabemos que por un lado esto puede considerarse como un atentado contra las libertades consagradas en la Constitución, pero nada en principio es peor que atentar contra la enseñanza de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Aumentar la competitividad del país, en resumidas cuentas, pasa necesariamente por mejorar las capacidades de sus ciudadanos, no hay otra vía posible. De modo que todas las decisiones que se tomen deben apuntar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, por dolorosas e impopulares que sean. Todos los ciudadanos debemos convertirnos en garantes de que nuestros gobiernos, directores y docentes pongan la educación como la más importante de sus responsabilidades. La que constituye nuestra vía hacia el desarrollo económico y social de nuestro país.
