Como correspondía a un discurso inaugural, el mensaje del presidente se orientó hacia el futuro. En este caso, se enfocó en el desarrollo económico mencionando seis reformas: laboral, fiscal, de la policía, educación, salud y seguridad social, con énfasis en metas de mejoría en los sectores eléctrico y agrícola.
Asumimos que se omitieron detalles sobre los objetivos específicos, su vínculo con el desarrollo y, lo más importante, su modus operandi, por razones de tiempo y para evitar tediosos tecnicismos. Esa es tarea pendiente.
Las reformas propuestas pudieran dividirse entre sociales y más cualitativas (policía, educación, salud, aunque cuesten dinero), y las de talante más económico (laboral, fiscal y de seguridad social) las cuales se centra principalmente en el reordenamiento.
En la práctica, deberá asegurarse la evolución y la eficientización de los sectores eléctrico y agrícola como piedras angulares del crecimiento económico sostenido, con control de costos.
Prácticamente todas las teorías del crecimiento económico remiten a alguna función de inversión. ¿Cómo va la inversión en el país, y en particular, en esos sectores?
El milagro del crecimiento dominicano tiene dos explicaciones, relacionadas entre sí. Una es la formación bruta de capital fijo (inversión) que representa desde 2010 un saludable 26 % del PIB; la otra es la estabilidad cambiaria (con una envidiable devaluación anual promedio de 3.3 %). A ambas contribuye la inversión extranjera directa (IED) que promedia un 4 % del PIB, equivalente a un incremento del 15 % de las exportaciones.
Los datos sectoriales sobre la IED no muestran a la agricultura como un renglón, lo que sugiero que no hay inversiones significativas en este sector. La IED en electricidad pasa de un promedio de 294 millones de dólaes anuales (2010-2014) a flujos negativos, retornando a 250 millones de dólares promedio hasta 2021, donde se triplicó a 749.0 millones de dólares en 2022 y luego a 1,071 millones de dólares en 2023 (incluyendo energías alternativas). En promedio, el 12 % de la IED se ha destinado al sector energético.
A nivel doméstico, el crédito bancario no destinado al consumo (solo a sectores productivos) representa el 70 % de la inversión; y la inversión extranjera, el 14 % desde 2010. Esto implica que el 16 % restante se realiza gracias a la reinversión de ganancias privadas y/o inversiones públicas.
Dato relámpago: la agricultura y la electricidad son los renglones, excepto la minería, que menos financiamiento bancario reciben. Solo el 6 % del crédito no destinado al consumo se dirige a la agricultura y 2 % a la electricidad, en aumento desde hace poco.
Esto permite inferir que solo el 7.3 % de la inversión total se dedica al sector eléctrico, deficitario desde la década de los setenta, y del cual depende la viabilidad y competitividad de todos los demás sectores. Por lo tanto, el foco de los esfuerzos públicos de reforma deberá necesariamente alumbrar primero una reestructuración funcional del sector eléctrico, que presenta una falta severa de mantenimientos y piezas.
Es importante considerar que, al evaluar grandes cifras, si bien es característico del subdesarrollo la falta de inversión, también lo es el arte de tirar dinero. En el caso de Punta Catalina, el costo por MW instalado duplicó el de plantas similares en otras partes del mundo. Así no. Esperemos que la reforma eléctrica sea realmente una solución justa y duradera que sirva de base al crecimiento competitivo de la economía.
