Ya se ha arrojado luz y se sabe que las “cajas provida” que se dejaron en las curules en la Cámara de Diputados fueron colocadas por una fundación que defiende esa posición, con la ayuda de un empleado del Congreso Nacional. En la fundación han optado por ejercer un pacto de silencio y no quieren decir quién fue el contacto interno que le facilitó el acceso al pleno y les permitió ir curul por curul para dejar su “regalito”. ¿No toca que se obligue a la fundación a hablar?