A la salida del tribunal que conocería en audiencia preliminar el caso de Wander Franco, imputado de abuso y explotación sexual de una menor, la representante legal del padre de la víctima soltó ante la prensa, con el falso remilgo de quien da el spoiler de una serie televisiva, que este pedirá a los jueces beneficiarlo con un no ha lugar. Es decir, pedirá que Franco no sea enviado a juicio de fondo porque la acusación carecería de fundamentos probatorios.
No deberá extrañarnos que así ocurra. La transacción con los agresores sexuales de menores es, en clave individual, una crematística aplicación del ya famoso recurso jurídico del «criterio de oportunidad». Según el expediente del Ministerio Público fue la madre, coacusada, la primera en sacar provecho del cuerpo de su hija. No es excesivo presumir que el padre persiga los mismos fines. Wander Franco tiene prisa y dinero. Su millonario contrato beisbolístico pende de un hilo.
Este mismo padre que ahora lo quiere libre, presentó el 4 de enero pasado una querella «en acción civil resarcitoria», lo que en lenguaje común significa buscar compensación, casi siempre pecuniaria, por el daño provocado por un tercero. ¿Sustento jurídico de la querella?: la Ley 136-03, conocida como Código del Menor, y el Código Penal.
Pasado el momento de la eufórica defensa en redes y medios del famoso y rico pelotero, que no de la víctima, el caso revive solo con ocasión de las audiencias. De ahí que carezcamos de información de prensa sobre la cuantía del resarcimiento pedido por un padre que, sin antecedentes del drama de su hija, del que «se enteró por las redes sociales», procura ahora anular las imputaciones que él mismo y su abogada habrían refrendado con su querella.
Desde el inicio, quien menos ha importado es la víctima. Como escribiéramos a raíz de las desequilibradas medidas de coerción contra el pelotero y la madre, si algo cosechó la menor en el estercolero tuitero fueron comentarios de condena. Contra el «me arriesgué y me gustó» confesado por Franco, la reacción casi unánime fue decir, con distintas palabras y el mismo tono, que «esa muchachita tiene más millas que un Sonata».
La violación y el abuso sexuales contra menores, principalmente niñas, gozan de espléndida salud en la permisividad e indiferencia colectiva dominicana. Quienes consideran estos delitos una tumoración social y no solo piden condenas más severas a los depredadores sino, y sobre todo, una educación sexual que provea a las potenciales víctimas de las herramientas para identificar la agresión, rechazarla y denunciarla, caen sin salvación posible en las demonizadas categorías de globalistas y feminazis portavoces de la «ideología de género».
Mientras, y con el caso de Wander Franco como prototipo, nadie mira a las víctimas. Nadie se escandaliza de que madres y padres despojen de humanidad a sus hijos e hijas y los conviertan en cajas registradoras. Menos aún de que sean violados. La hipocresía moral campa por su respeto.
