La decisión de la Suprema Corte de Justicia, de acoger el recurso de casación que elevaron los únicos dos condenados en el caso de corrupción de Odebrecht, es la crónica de un fracaso anunciado.
La empresa brasileña admitió en el 2016 que había pagado US$92 millones por sobornos para conseguir obras en el país, donde también confesó haber instalado su centro de operaciones. Sin embargo, el expediente no consigna quiénes fueron los sobornados, cómplices del ilícito.
Ni en primera instancia ni en apelación, el ministerio público demostró quiénes recibieron dichas coimas, aunque se consiguieron condenas para dos de los 14 imputados originales.
La decisión de la Corte Suprema será criticada, pero se ajusta perfectamente al derecho: in dubio pro reo.
Pese a que la Procuraduría Especializada en la Lucha Contra la Corrupción Administrativa prometió un Odebrecht 2.0, todo se quedó en agua de borrajas, poniendo en dudas, aunque no se quiera, el resto de los procesos anticorrupción.