El mes pasado, se celebró en Santo Domingo, el II Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP), donde se presentaron novedosos conceptos de la contratación, buenas prácticas, y lecciones aprendidas. En cuanto la compra pública estratégica farmacéutica y sanitaria, se expuso sobre los medios de vida útil de los bienes adquiridos, mejores condiciones para una sociedad de bienestar, la eficacia y eficiencia de los procedimientos.
En definitiva, la República Dominicana se convirtió en sede de la contratación pública en Iberoamérica, contando con autoridades gubernamentales tanto locales como de diversas jurisdicciones, incluyendo catedráticos elites de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Italia, México y Perú.
Nos encontramos en un momento crucial en pleno siglo XXI donde los avances tecnológicos juegan un papel fundamental, no siendo las compras públicas un procedimiento simplón. Todo lo contrario, para la buena administración es imperante la excelencia, teniéndose que apartar en ocasiones de la “errónea” concepción de que el comprar al precio más barato, es buena gestión. Asimismo, aunque en la administración tiene que imperar un ambiente de austeridad, se debe estimar los medios materiales necesarios para cumplir con las funciones, no solamente contar con un nivel técnico dotado de personal capaz, el procedimiento y estrategia de desarrollo debe buscar la sostenibilidad e impacto positivo.
A nivel de la administración, los países y la República Dominicana no es una excepción a esta norma, debe y es imperioso en todos los escaños contar con personal técnico capacitado. Un personal técnico de nivel es muy difícil que desvirtué la naturaleza y objeto de un contrato, promoviendo la eficiencia e integridad de la contratación. Aplicable no solo al sector de salud, a todos los sectores. A manera de ejemplo: el derecho administrativo moderno parte de la consideración central de la persona y de una concepción abierta y complementaria del interés general, como bien dice el Profesor Jaime Rodríguez-Arana. Para esto ser posible requiere una visión articulada entre la academia, sector público y sector privado. Adicionalmente, el compromiso y la ética no es solo una responsabilidad del sector público, tiene que ser interiorizado por todo actuante en el régimen de las contrataciones pensando en el bienestar de la comunidad; principalmente cuando hablamos de estrategia en el sector salud, que tiene impacto directo en el bienestar, productividad y longevidad de la población.
En lo que respecta a las alianzas y decisiones estratégicas, hay que aplaudir lo alcanzado con el Reglamento de Aplicación de la Ley de Compras, Decreto No. 416-23, donde los nuevos procedimientos para el ejercicio de potestades y el equilibrio económico han introducido mejoras en la promoción de la transparencia y eficiencia, incluyendo los conceptos de valor por dinero y sostenibilidad.
Cabe resaltar que la administración pública no pierde su prerrogativa, al realizar consultas con los sectores para tomar ventajas tecnológicas y competitivas, y asumir acuerdos responsables de riesgos compartidos. Al momento de conceptualizar una futura contratación también es exigible la transparencia de la administración pública en su diálogo con el privado, dado que necesita adaptaciones conforme a las necesidades, con el objetivo que los distintos resultados de la contratación sean trasladables y adaptables a las auténticas necesidades de la población.
Por último, en un sector tan delicado debe primar la compra en el valor del medicamento y los resultados en salud, más que en un precio como elemento de evaluación. Un mejoramiento en la calidad de vida, prevención y tratamiento oportuno de enfermedades en beneficio de todos es el norte correcto, y esto solo se consigue con esfuerzo responsable del sector público-privado.
En un sector tan delicado debe primar la compra en el valor del medicamento y los resultados en salud, más que en un precio como elemento de evaluación.
