El pasado 17 de julio, el Ministerio de Trabajo comenzó la detención de las actividades de 11 empresas ubicadas en la Zona Franca Riosur de Santo Domingo Este. Los inspectores de trabajo levantaron alrededor de 153 infracciones. La mayoría de ellas corresponden a violaciones de seguridad y salud en el trabajo.
Diario Libre acudió hoy a la zona franca para ver la situación que fue revelada ayer por el ministerio.
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“No pueden entrar”, dicen los guardias de seguridad, colocados en la puerta principal. En este momento, un vehículo del Ministerio de Trabajo ingresa a las instalaciones.
El complejo industrial tiene nueve días bajo candado. Por este motivo, cientos de trabajadores llevan más de una semana sin ir al recinto, un lugar en el que se ganan la vida en unas condiciones deplorables.
De Hato Viejo a Riosur, una caminata bajo el sol
Hato Viejo es un pequeño distrito municipal ubicado cerca de la zona franca en cuestión. Aquí viven algunas de las personas que trabajan en Riosur.
La mayoría de ellos tiene que ir a trabajar caminando por una larga recta en la que pasan camiones de carga. Un camino caluroso hacia el laburo. Allí, no les esperaban unas condiciones agradables.
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Vladimir Vargas lleva desde el 17 de julio sin acudir a Kington Aluminium SRL, una empresa de capital chino que opera en la zona franca y que está entre las suspendidas. “Nuestras condiciones de trabajo eran difíciles”, expresa.
A su lado, compartiendo una partida de billar, se encuentra Samuel Correa, de 22 años, quien también trabaja en la empresa. “Nos trataban mal, a veces hasta agredían a los empleados mentalmente, con palabras obscenas en chino y en español”, añade.
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Más allá, en la avenida principal de la localidad, un hombre de 33 años se acerca a Diario Libre para hablar. Él es José Rincón de Jesús, y aunque no trabaja en la zona franca, tiene una opinión sobre las empresas que operan allí.
“No ayudan a la comunidad. Los salarios son malos y los trabajadores van a pie. No tratan bien a los trabajadores”, asegura. Además, hace énfasis en el poco trato de las empresas con la localidad. “Deberían dar un aporte a la comunidad y no han hecho nada”, finaliza.
El Ministerio de Trabajo informó ayer que en las 11 empresas paralizadas los inspectores levantaron aproximadamente 153 actas de infracción, de las cuales 102 corresponden a violaciones al Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo.
Las 51 restantes son por violaciones al Código de Trabajo relativas a salarios mínimos, horas extras, ausencia de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, descanso semanal, falta de pago salario de vacaciones, no disfrute de vacaciones y jornadas excesivas de trabajo.
En el interior de Hato Viejo, en unas casas construidas con madera y hojalata, algunos trabajadores de la zona franca están sentados en unas sillas, en el exterior. Otros, cargando carretillas con cemento.
Ricantone Pérez, de 20 años, está poniendo cemento en una zona de su casa y dice que trabajaba en otra de las empresas paralizadas. Sus jornadas laborales no estaban muy bien reguladas. A veces laboraba “cinco horas, ocho horas o 10 horas, dependiendo del día”. En cuanto a su sueldo, cobraba “9,000 pesos quincenales”.
Cerca de él, con un rostro triste y decaído, Mackenson descansa en una silla. Explica que trabaja en una “fábrica de plástico”. Sus jefes también son chinos. Dice que sus condiciones “no eran buenas”.
Al hablar de sus jefes, expresa que “todos los chinos son malos, no pagan bien«. Un día, trabajando de siete a siete, 400 pesos”, finaliza.
Mamey de Guerra, entre haitianos y dominicanos
Otra de las localidades con presencia de trabajadores de la zona franca es Mamey, de Guerra. Se encuentra en un desvío de la carretera Mella, un kilómetro hacia el interior. La calle no está asfaltada. Aquí viven dominicanos y haitianos.
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Ángelo Tusén, dominicano de 34 años, también trabaja en Kington Aluminium, la empresa más cuestionada.
“El trato era malo, teníamos media hora para comer. Teníamos que comer rápido porque si no nos cancelaban. De siete de la mañana a siete de la noche”, explica a Diario Libre.
Él, a pesar de poner en riesgo su puesto, decide ser crítico y hablar del trato desfavorable a los haitianos. “Hay un grupo de haitianos que le hacen trabajar de ocho de la mañana a ocho de la noche, hasta los domingos. Si no trabajan, los cancelan. Eso hacen los chinos”, confiesa Ángelo.
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A su lado, Eliseo José, de la misma empresa, cuenta que “el trato no era muy bueno». «El tiempo era muy largo, de siete a siete”.
En cuanto al pago, explica: “Nos quejábamos por el pago, que era de 7,500 a 8,500 pesos. Era un abuso. A mí me echaron un año y no me dieron nada”.
En relación al maltrato laboral, Eliseo confiesa: “Había maltrato verbal, pero que físicamente no podían, porque el dominicano es fuerte”.