Los alegatos no son novedosos ni nada parecido, son una triste historia repetida que habla de un nivel de permisividad y de falta de seguridad jurídica que espanta.
Los choferes que operan rutas desde la parada ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte reclaman al gobierno una indemnización porque están siendo desalojados para abrir paso a los trabajos de la ampliación de dicha carretera.
¿Qué está mal en todo esto?
Que esos terrenos son propiedad del Estado dominicano, que fueron invadidos ilegalmente hace décadas por esos “empresarios” y ahora pretenden generar derechos de propiedad desde la ilegalidad.
¿Cómo es esto posible?
Por una tradición de estafa y robo de propiedades públicas y privadas en nuestro país, amparada en la negativa de las autoridades de poner el orden donde es necesario.
El Estado no les debe absolutamente nada a los transportistas que usurparon ese espacio público para hacer negocios por décadas.
Que hoy tengan la fuerza para reclamar indemnizaciones simple y llanamente hace valer aquella premisa de que actúan como “los dueños del país”.
Ni más, ni menos.