A contrapelo del ejemplo del presidente que se somete cada semana al suplicio de una batería de preguntas necias, tontas, “influenciadas” y muy pocas inteligentes, sus funcionarios son expertos en escurrir el bulto. Tantos periodistas sustraídos de los medios tradicionales a base de ofertas jugosas, y la mayoría de los departamentos de comunicación estatales no sirven ni siquiera para preparar un comunicado de prensa bien redactado.
Si a alguien se le ocurrió convertir la opacidad informativa en política oficial, le está haciendo un flaco servicio a la imagen y credibilidad del gobierno de Luis Abinader. Escamotear la rendición de cuentas con el subterfugio de “solicítelo por la vía de la ley de acceso a la información pública” tiene utilidad reducida. Las mentiras y la desinformación florecen, precisamente, al abrigo del silencio. Con las redes sociales, los fake news ruedan fácilmente y el estrépito derriba a cualquier santo del altar.
El presidente ha dicho que intervendrá. ¡Vaya vergüenza! Un gobierno supuestamente abanderado de la transparencia y en cruzada anticorrupción necesita de la palabra presidencial para explicar a sus miñones cuestiones básicas de una democracia.
Si los funcionarios mudos y con gabinetes fabricantes de notas de prensa mal escritas y de dudoso interés noticioso persiguen desalentar al periodismo inquisitivo y serio, les esperan tiempos difíciles. Un buen periodista encontrará siempre los medios de escarbar la verdad. Como la negativa a proporcionar informaciones desemboca en una sola versión, ya se verá el resultado al final de la ruta. Puede anticiparse que la primera víctima no será el periodismo responsable.
Exigir cuentas claras, cualquier tipo de información o verificación de datos, se corresponde con la esencia de una democracia. Negarse a cumplir con requerimientos que impone la transparencia resulta, sencillamente, sospechoso.