De tan vieja, la macrocefalia del Estado dominicano ha devenido fenómeno aceptado, sin más ni más. Hay, empero, distorsiones que, como dice la expresión popular, lloran ante la presencia de Dios.
Mejor no indagar sobre la mente brillante detrás de la expedición de licencias de conducir dominicanas en el exterior. La excusa no borra el desaguisado: facilitar el trámite a la diáspora. Esos documentos no les valen a los nacionales residentes fuera. El Intrant ha organizado en el extranjero una prestación para dominicanos que viven o les servirá … en la República Dominicana.
Tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, territorios donde reside el grueso de la inmigración dominicana, aplican reglas similares para el carné de conducir. Un extranjero de visita, por no más de seis meses, puede utilizar la licencia de su país. En caso de residencia, debe manejar con licencia local.
En España es posible la homologación de la licencia dominicana, pero se supone que el beneficiario la obtuvo en el país de nacimiento, donde cumplió con los requisitos correspondientes. Entonces, ¿para qué una oficina del Estado dominicano, pagada con nuestros recursos? ¿Para otorgar documentos cuya validez es prácticamente nula?
Más hilo al bollo, la expedición y tramitación de las licencias dominicanas corre por cuenta de una compañía privada. Sería el caso, absurdo por demás, que el Estado dominicano le ha organizado el negocio en el extranjero a una empresa privada para que brinde un servicio innecesario.
A nadie se le ocurra culpar a la presente administración. Estas barrabasadas, costosas, son de larga data. Tanta como el populismo y el clientelismo que tradicionalmente han corroído la acción pública en este país de realismo mágico.