La República Dominicana tomó una decisión muy inteligente cuando decidió destinar el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. No hay que ser más papista que el papa para saber que los problemas en ese importante renglón no están en el dinero comprometido para educar a la gente, sino en la ejecución de los planes alrededor del Ministerio de Educación.
Con ese 4 % se han adelantado importantes temas para la sociedad dominicana, como mejores condiciones salariales para los maestros, comida en los planteles para los niños y la compra de libros, uniformes y otras necesidades básicas para los estudiantes. Esos logros no son menores y no se deben perder de perspectiva.
El problema con el 4 % está en la codicia de diversos personajes, que ven en el Ministerio de Educación un mecanismo para llenar sus carteras, sin tener como foco principal el bienestar de nuestros niños. De eso es que debemos cuidarnos, del manejo corrupto de un dinero que debe ser manejado con celo y que es fundamental para el país, porque a la larga representa un ahorro.
La Unesco, por ejemplo, dio a conocer ayer que “la desescolarización y las carencias educativas, a raíz de una insuficiente inversión en educación, cuestan cada año 10 billones de dólares a la economía global”. Ese organismo sostiene que 128 millones de niños y 122 millones de niñas no fueron a la escuela en 2023 en el mundo, y que el 70% de los niños de 10 años en los países de ingresos bajos y medios son incapaces de comprender un texto sencillo. También indica que si los países redujeran un 10% el número de jóvenes que abandonan la escuela, el PIB mundial crecería entre un 1% y un 2% al año.
Esas cifras son escandalosas, pero da esperanza saber que el paso más importante, el de comprometer los recursos, está dado en la República Dominicana. El desafío fundamental está en batallar contra los intentos de saqueo de esos fondos y de conseguir que la calidad de la educación mejore exponencialmente, de modo que la inversión comience a dar el retorno que la sociedad merece.